«¡Mi tesoro, es mío!», tendrá que terminar por reivindicar el propio Zapatero en nombre de un Estado al que, desde algunos flancos del mapa, se le tiene ganas.
Pero quién habla de modelo de Estado, aparte de Ibarretxe», se preguntaba el socialista Rubalcaba para tranquilizar al PP, que no las tiene todas consigo al ver a Zapatero en medio del huracán. Entre quienes quieren ampliar un reparto de las competencias territoriales, quienes le dicen que España debe ser algo más que una coordinadora de autonomías o quienes le hablan de una ‘nueva’ relación con el Estado para ocultar que, en realidad, lo que buscan es crear un Estado paralelo. «¡Mi tesoro, es mío!», tendrá que terminar por reivindicar el propio Zapatero en nombre de un Estado al que, desde algunos flancos del mapa, se le tiene ganas. De la reunión de ayer, Rajoy concluyó que el Gobierno no acaba de ser claro con ‘el modelo de Estado’ que quiere. Pero lo dicho por Zapatero, hasta ahora, es que no piensa desviarse de los límites constitucionales.
Hoy le toca medirse con Imaz, el vendedor más pertinaz del plan Ibarretxe. El que dice que, total, la Constitución no fue respaldada por la mayoría de los ciudadanos vascos y nada tiene que alegar cuando sus compañeros de partido sitúan los proyectos nacionalistas en un extremo y al Estatuto en el otro. Tal cual. Los dos hablan mucho. Pero discrepan también mucho. Les convendrá tener mucho tacto, teniendo en cuenta que Euskadi arrastra capítulos muy hirientes de su historia más reciente. En la política penitenciaria, por ejemplo. Los presos de ETA van a poder volver a estudiar en euskera en la UPV. Ni media frivolidad con el tema. A la ilegalizada Batasuna le parece «un pequeño paso» y al hermano del asesinado Buesa «un paso atrás». No se debería contentar la socialista Isabel Celaá con decir que se trata de que la Ley General Penitenciaria se aplique también en la UPV. No es suficiente cuando se sabe que al colectivo de presos se les colocó en la UNED a raíz de que el anterior gobierno del PP atendiera la denuncia de los profesores amenazados. Nadie discute el derecho de los presos a estudiar y a su reinserción si es que alguien quiere reinsertarse. El problema es cómo se hace. La directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que tiene fama de ser muy escrupulosa, deberá estudiar cada caso para no contradecir el punto 5 del Pacto Antiterrorista. Ahora que el Partido Socialista está siendo emplazado por los nacionalistas a reconsiderar la Ley de Partidos que propició la ilegalización de Batasuna, no resultaría comprensible que la salvaguarda de la dignidad de las víctimas del terrorismo quedara al albur del gobierno de turno. Si la clave de esta reposición del derecho de los reclusos a estudiar en la UPV reside en la «garantía», quienes tienen que tener la garantía de que no van a recibir amenazas y coacciones, son los profesores. La libertad del ciudadano es el tesoro más preciado de nuestros tiempos.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 8/9/2004