Los dos testigos protegidos que han implicado a Artur Mas y a Germà Gordó en la trama del 3% son amigos íntimos y ex socios de la familia Pujol. El primero de ellos, identificado con una A por parte del juez de El Vendrell, es además uno de los principales donantes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Este empresario reveló, tal y como adelantó EL MUNDO, que se reunió con Mas y su mano derecha para hacer donaciones a cambio de contratos. El segundo testigo –identificado con la B– sostiene que un diputado de CDC le aconsejó «pactar» con Gordó «las condiciones» para hacer negocios en Lérida.
Los dos testigos protegidos que han incriminado al ex presidente catalán Artur Mas y a su mano derecha Germá Gordó en la trama del 3% han desarrollado negocios con la familia Pujol durante los últimos años y mantienen una estrecha relación con el clan catalán.
Además, tal y como desveló EL MUNDO, uno de ellos es, asimismo, un importante donante de la Fundación Catdem, investigada por financiar irregularmente a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) durante los últimos años.
La identidad de ambos, que prestaron declaración a finales del pasado año ante la Fiscalía Anticorrupción y ratificaron posteriormente su relato ante el juez de El Vendrell que instruye la causa del 3%, se mantiene en secreto por orden del magistrado Josep Bosch para evitar «represalias» del entorno nacionalista contra ambos.
Los investigadores otorgan una extraordinaria relevancia a sendos testimonios, revelados por este periódico el pasado 25 de febrero, precisamente por tratarse de empresarios muy próximos a CDC y que incluso han tenido lazos mercantiles con la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol Soley.
En el caso del primer testigo protegido, que ha sido identificado con una misteriosa A por parte de los investigadores, explicó que mantuvo una reunión con Artur Mas antes de ser nombrado presidente catalán en la sede del partido ubicada en la barcelonesa calle Córcega. En dicho encuentro, según el testimonio de este gran empresario catalán, Mas le indicó que los asuntos sobre donaciones y contrataciones públicas los debía abordar con Germá Gordó, también presente en dicho encuentro.
«A partir de ahora todas las adjudicaciones han de ser a través de Germá Gordó», le dijo Mas. Esta cita tuvo lugar, tal y como ha precisado el testigo protegido, entre los años 2006 y 2007.
Posteriormente, ya en torno al año 2010, este mismo empresario explicó que se encontró con Gordó en una entrega de premios sobre excelencia empresarial en la que él mismo fue galardonado. En ese acto el hombre de confianza de Mas le abordó de malas maneras y le abroncó por llevar tiempo sin realizar donaciones a la Fundación Catdem, a través de la que se ha venido financiando ilegalmente la formación nacionalista: «Tú no obedeces», le dijo Gordó.
Al mismo tiempo le precisó que a quien no «obedecía» era a Mas, que ya era «presidente». Por lo que le añadió en tono amenazante: «A ver qué va a pasar».
Este episodio, que no dudó en calificar de «muy desagradable», provocó que este empresario se sintiera directamente «extorsionado» por los dirigentes de CDC. Por su parte, el segundo de los testigos protegidos, identificado con la letra B, no aludió en su declaración a Mas pero sí a Gordó.
Explicó que llegó a mantener en 2004 una reunión en el Parlamento catalán con el diputado de CiU Josep Grau, ex consejero de Agricultura y Pesca de la Generalitat, y que éste, en representación de Gordó, le dijo que si quería trabajar en Lleida tendría que tratar con la mano derecha de Artur Mas.
Este empresario dijo que no aceptó la recomendación en la que se le instaba a «pactar las condiciones» de las licitaciones con Gordó y que, en consecuencia, no obtuvo ningún contrato público en la provincia leridana.
El juez Bosch señala que los dos empresarios referidos se enmarcan entre «aquellas personas que si bien a menudo cuentan con testimonios y pruebas muy valiosos en terminadas causas penales, se han venido mostrando reticentes a su revelación ante el fundado temor a sufrir represalias».
Dándose la circunstancia además de que «realizan una actividad en el tráfico económico y contratan de manera frecuente con el sector público». De ahí que el instructor del caso del 3% considere que «existe la posibilidad de que en caso de ser revelada su identidad se produzcan detrimentos graves para los mismos en el ámbito profesional en el cual actúan, siendo necesario que se garanticen las condiciones de sosiego necesarias para que referidos testigos depongan de la manera más libre, sin presiones y veraz posible acerca de los hechos que son objeto de la investigación». Máxime cuando sus testimonios implican a personajes de «una gran relevancia pública, a tenor de las manifestaciones vertidas en las comparecencias aportadas por la Fiscalía».