El Correo-JOSU DE MIGUEL BÁRCENAS
Urge renovar la cultura del compromiso puesta en práctica en la Transición e investir un presidente del Gobierno con una coalición política estable, reformista y moderada
Nos acercamos a los dos meses desde que tuvieron lugar las elecciones generales del 26 de abril y aún no se ha producido la investidura de ningún candidato para presidir el Gobierno de la Nación. En la historia de nuestro sistema político, solo la primera legislatura de Aznar (60 días) y el largo periodo que se abrió tras los comicios de diciembre de 2015, hasta que finalmente fue investido Rajoy casi un año después, han deparado un impasse tan largo en lo referente a la negociación que debe conducir a la votación en el Congreso para que un candidato obtenga la confianza de la Cámara.
Naturalmente, el lector sabe que los tiempos han cambiado mucho en la política española. El bipartidismo ha dado paso a un multipartidismo retrasmitido en directo por la televisión y las redes sociales, lo que dificulta mucho el alcance de consensos y la consecución de pactos que garanticen la gobernabilidad en todos los niveles institucionales. Y es que se tuvo la brillante idea de hacer coincidir temporalmente las elecciones generales con las autonómicas, municipales y europeas, lo que ha convertido a nuestro país en una especie de vetocracia donde la presidencia del Gobierno de la Nación será probablemente la última instancia resuelta en el galimatías negociador en el que nos encontramos.
Así que los grandes asuntos de Estado que nos acechan tendrán que seguir esperando. En gran medida, este dispendio temporal se debe a que los protagonistas que venían a renovar la política española han olvidado –o no han aprendido– los principios que sustentan la monarquía parlamentaria prevista en nuestra Constitución. En particular, vuelve a evidenciarse el olvido de las reglas políticas contenidas en el art. 99 de la Constitución Española (CE), que regula el proceso para la elección del presidente del Gobierno. Evidentemente, puede con razón argumentarse que tales reglas solo servían para el bipartidismo aquilatado que tuvimos hasta diciembre de 2015, pero no por ello debe dejar de recordarse que su desconocimiento pone en peligro la viabilidad de la propia forma de gobierno.
Me explico. Como se sabe, a comienzos de mes el Rey comenzó las consultas con las fuerzas políticas para proponer un candidato al Congreso de los Diputados. Lo hizo tras una reunión con una Meritxell Batet que, siguiendo la pauta abierta en enero de 2016 por otras presidencias, llegó a dicha reunión sin llevar los ‘deberes hechos’: entre tales deberes estaba el de pilotar desde la
discreción y templanza las negociaciones entre los partidos para llegar al Jefe del Estado con un candidato que cuente con los apoyos necesarios. Como no ha ocurrido así, el Rey pareció verse obligado a decidirse por el candidato con más apoyos numéricos, Pedro Sánchez.
Tras la propuesta del Rey es cuando ha comenzado la búsqueda de apoyos entre los grupos de la Cámara baja. La inversión de la praxis del art. 99.1 CE implica el alargamiento del periodo de transacción entre partidos, lo que aproxima nuestro sistema a las fórmulas de gabinete en las que el Jefe del Estado designa a un primer ministro para que forme un ejecutivo que después consiga la confianza del Parlamento. Sin embargo, el mayor problema de esta mutación es el cambio de papeles que parece sufrir la figura del monarca, que en caso de fracaso de la investidura, tal y como ocurrió en dos ocasiones en 2016, puede verse obligado a bajar a la arena política para resolver una parálisis que es símbolo de la crisis de gobernabilidad que sufre España desde hace más de tres años. Es necesario evitar nuevos –y poco comprensibles– comunicados de la Casa Real.
Evidentemente, bien sabemos que un rey neutral no es un rey neutralizado. Ahí está el discurso del 3 de octubre de 2017 para atestiguarlo. Sin embargo, sus funciones arbitrales y moderadoras, que beben en parte de las teorizaciones decimonónicas de Constant o Bagehot, no alcanzan la posibilidad de que llene los vacíos que surgen del art. 99 CE, como consecuencia de la impericia e irresponsabilidad de los actores institucionales y partidistas. Entiéndase, ello no quiere decir que no sean necesarias reformas para perfeccionar el sistema político y mejorar así la gobernabilidad, pero si los protagonistas anteriormente citados insisten en ignorar los elementos básicos de la monarquía parlamentaria, es muy probable que padezcamos el colapso que tuvo lugar durante 2016 hasta que Rajoy fue investido.
Ayudaría a evitar este colapso que todos los partidos abandonaran la retórica electoral permanente, la polarización inútil y el liderazgo narcisista en el que algunos viven cómodamente instalados. Urge renovar la cultura del compromiso puesta en práctica en la Transición e investir un presidente del Gobierno con una coalición política estable, reformista y moderada que afronte los graves problemas que acechan a la sociedad española. El agotamiento del modelo económico, el colapso del sistema de pensiones o la amenaza climática no admiten más vacíos de poder.