De los grandes futbolistas se suele decir que si les tiras un melón te devuelven un balón perfecto, templado y medido. El Tribunal Constitucional hace más o lo menos lo mismo: adecentar y sacar brillo a cualquier bodrio legislativo siempre que lo haya perpetrado el sanchismo. Incluso jurisconsultos/as mediocres, o al menos de bastante peor currículum que la mayoría de sus antecesores, adquieren de la mano del maestro Conde-Pumpido una suerte de ciencia infusa que los convierte en magníficos intérpretes del derecho creativo. Debería llamarse Tribunal Constitucionalizador, por esa notable pericia con que sus veredictos perdonan delitos o embuten en el sistema jurídico leyes destinadas a subvertirlo.

Tan relevante es esa destreza que ha alcanzado merecida fama, al punto de que la opinión pública intuye –o conoce– el sentido de las sentencias mucho antes de que sean pronunciadas. Con saber si el poder ejecutivo concede importancia alta a la materia juzgada basta para apostar a que los magistrados de la sensibilidad ‘progresista’ mayoritaria extraerán de sus seseras sutiles argumentos con los que avalarla. Esta previsibilidad resulta muy útil para que los legos en doctrina constitucionalista compensen su ignorancia y sepan a qué atenerse con sólo aplicar a la corte de garantías una falsilla de la correlación de fuerzas parlamentarias. Casi es de agradecer el esfuerzo por simplificar asuntos de naturaleza francamente enrevesada.

En el caso de la amnistía, el fallo (diabólica polisemia) está aún más claro por cuanto cierto o ciertos miembros del órgano no han sido ajenos a la redacción –o al menos a la inspiración– del proyecto. Algunos ciudadanos pueden haberse confundido por el hecho de que miembros del Gobierno pasaran en mínimo tiempo de afirmar la inconstitucionalidad de la norma a declararla conforme al ordenamiento. Sabían lo que decían por haber recibido consejo previo, aunque tuvieron que porfiar con los abogados de Puigdemont para que no forzaran el texto al extremo de ponerlo imposible incluso para el margen imaginativo de los constructivistas más expertos. Una cosa es enterrar a Kelsen y otra faltarle al respeto.

A tal punto es así que la ponencia contempla –aunque desdeñándola– la evidencia de que la impunidad de la sedición es fruto de una transacción política. Es decir, la necesidad de Sánchez de comprar los votos separatistas. La perversión radica en eludir el carácter viciado de la medida sacando del juicio de constitucionalidad las «supuestas motivaciones partidistas». Supuestas, dice el borrador con cínica retórica especulativa, como si no fuera ésa la clave única de la cuestión, abiertamente conocida y suficiente para despojarla de cualquier cobertura jurídica. Debe de ser tan mal trago constitucionalizar a martillazos una flagrante simonía que hay que fingir, como si fuera posible, no tenerla a la vista.