El juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) comenzó ayer con un nuevo desplante a la Justicia y el intento del ex presidente de la Generalitat de politizar su declaración. En un detalle simbólico de cómo afronta la causa en su contra, Mas acudió a declarar con la insignia oficial de president colgada de la solapa izquierda. El presidente del tribunal que le juzga, Jesús María Barrientos, se vio obligado a interrumpir hasta en tres ocasiones la declaración de Mas cuando la reconducía al plano político. «Le recuerdo que está aquí como acusado», le dijo.
El día comenzó con una protesta tan multitudinaria como polémica. Organizaciones judiciales y partidos constitucionalistas denunciaron que la concentración de 40.000 personas era un intento de «presionar» a los magistrados que deciden si, por primera vez en democracia, se condena a un ex presidente de la Generalitat.
La manifestación de apoyo en las calles organizada por las plataformas soberanistas sirvió también como excusa para que Mas y sus dos ex consejeras llevaran el desaire al sistema judicial incluso hasta el horario previsto para su declaración.
Citados para las 9.00 de la mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los acusados no entraron en el edificio hasta las 9.25 horas, en un gesto que molestó a los tres miembros del Tribunal de lo Penal y a la Fiscalía, según explicaron fuentes de ambos órganos. Los tres jueces estaban en la Sala de Vistas desde 10 minutos antes de la hora prevista y, al ver que pasaba el tiempo y no llegaban los acusados, su presidente llamó a los abogados de los ex cargos del Govern para afearles lo anormal de la situación.
No fue el único momento de tensión que se vivió durante la primera sesión de un juicio que está previsto que se alargue hasta el viernes. Ante las preguntas de su abogado, Javier Melero, Mas se preguntó de forma retórica las razones por las que el Constitucional no actuó en 2014 para frenar de forma efectiva la votación del 9-N. «Si era tan evidente que era un delito, ¿cómo puede ser que el Tribunal Constitucional no hiciese nada para pararlo? Tampoco la Fiscalía», indicó el ex president.
Fue entonces cuando Barrientos cortó de raíz la intervención del ex president, le recordó que estaba ante el tribunal «como acusado» y le pidió que se ciñese a responder a las preguntas de su letrado. Ni la ex vicepresidenta Joana Ortega ni la ex consejera de Enseñanza Irene Rigau fueron interrumpidas durante sus intervenciones. Tanto ellas como el ex president sí coincidieron en negarse a contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular.
La tensión entre el presidente del tribunal y Mas se reprodujo en al menos otras dos ocasiones. El magistrado tuvo que frenar al ex president y advertirle de que no volviera a repetir que su Ejecutivo tuvo el «mandato de las urnas» para justificar su participación en la organización de la consulta del 9-N.
Barrientos también exigió al ex presidente de la Generalitat que respondiera si se hacía responsable de haber abierto los centros escolares el día de las votaciones. Mas aprovechó la ocasión para reivindicar su papel como inspirador de la consulta soberanista. «He dicho que yo era el responsable de todo, y de todo quiere decir que de eso [abrir los colegios], también. Era responsable de todo», zanjó.
El choque entre el juez y el ex president llegó precedido del retraso en las declaraciones de los tres encausados fruto del uso que el partido del ex president–el PDeCAT–, el Govern y el soberanismo hicieron de la manifestación de apoyo convocada a las puertas del TSJC. Mas se encargó de ilustrar el peso de la jornada en un comentario informal a los medios una vez sentado en el banquillo de los acusados: «Es un momento histórico y un hecho sin precedentes, es el primer Gobierno democrático que se juzga por dar la voz a la gente».
Las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium demostraron de nuevo su capacidad de movilización en los momentos álgidos del proceso soberanista y lograron que 40.000 personas participaran en una movilización para la que se fletaron 160 autobuses procedentes de todos los puntos de Cataluña.
Las plataformas soberanistas contaron para su éxito con la ayuda del Govern, que alimentó las movilizaciones durante las semanas previas al juicio. La consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, llegó incluso a instar a los funcionarios de la Generalitat a no acudir a sus puestos de trabajo para dar apoyo en las calles al ex president. El lema de la movilización resumía el espíritu de quienes respondieron al llamamiento: «Nos juzgan a todos».
Los responsables de guiar a la comitiva que recorrió el camino entre el Palau de la Generalitat y el edificio histórico del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se esforzaron por convertir la senda, de poco más de un kilómetro de distancia, en una colección de imágenes para alimentar la épica con la que el soberanismo intenta dotar cada capítulo del procés.
La marcha partió desde la plaza de Sant Jaume poco después de las 8.00 horas, tras la lectura de una declaración solemne de apoyo del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tras ello, el jefe del Ejecutivo catalán se sumó a una marcha cuya cabecera compartió con los tres encausados; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y varios miembros del Govern. También les acompañaron los diputados de ERC en el Congreso Joan Tardà y Gabriel Rufián, y diputados de la CUP como Mireia Boya. Además, formó en la primera foto de grupo en Sant Jaume el ex conseller de Justicia Germà Gordó, pocos días después de que EL MUNDO revelara que los investigadores del caso 3% le sitúan en reuniones con empresarios que, supuestamente, pagaron comisiones irregulares a CDC.
La manifestación avanzó a duras penas por el centro de Barcelona en una ruta que contó con al menos tres paradas estudiadas previamente en busca de fotografías simbólicas del momento. La primera estación con carga sentimental en el imaginario soberanista fue a las 8.40 horas ante el Fossar de les Moreres, homenaje a los caídos en la Guerra de Sucesión de 1714 y lugar de peregrinación obligada del independentismo. La comitiva se detuvo varios minutos ante la llama que recuerda el asedio de Barcelona para que fotógrafos y decenas de personas recogieran el momento. Bajo un pasillo formado por una decena de hombres uniformados como Miquelets–la milicia que defendió Barcelona en 1714– y banderas esteladas, Mas, Puigdemont y el resto de políticos cantaron Els Segadors antes de arrancar de nuevo la marcha.
Tras una segunda parada breve ante el Born Centre Cultural –en cuya plaza ondea una senyera en un mástil de unos también simbólicos 17,14 metros–, la manifestación encaró hacia la fotografía más alegórica de la jornada: el Arco del Triunfo. El monumento barcelonés, al contrario de lo que simboliza en otras ciudades, no fue ideado como símbolo de victoria, tal y como ayer se quiso escenificar, sino que fue levantado como puerta de la Exposición Universal de 1888.
La comitiva fue recibida en el paseo de Lluís Companys por decenas de miles de personas y gritos a favor de la independencia. También con proclamas como «fuera la justicia española» o «no estáis solos». Una gran pancarta escrita en inglés con el eslogan «Love democracy» colgada en el Arco del Triunfo fue utilizada para llamar la atención de los corresponsales extranjeros –también acreditados– y las instituciones internacionales.