EL MUNDO – 23/10/16
· Cree que los soberanistas aumentarán la presión en su contra por los procesos a Mas y Forcadell.
· Las recientes imágenes de apoyo de representantes de administraciones, cargos públicos y entidades soberanistas a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ante el anuncio de la presentación de una querella por parte de la Fiscalía, y el recrudecimiento de las declaraciones de políticos soberanistas poniendo en cuestión la independencia judicial, han aumentado la preocupación en sectores de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Los magistrados consideran que habrá un aumento de la presión política que ya vienen sufriendo desde hace un año, cuando el ex presidente de la Generalitat Artur Mas declaró como investigado ante el Tribunal por los delitos de prevaricación y desobediencia por permitir la consulta soberanista del 9-N de 2014.
Desde entonces, cada decisión del Tribunal, como la de procesar a Mas, a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la ex consejera Irene Rigau, ha tenido una réplica entre las filas soberanistas, muchas veces incluso de los propios afectados. Sectores de la Judicatura creen que estos ataques han tenido un interés político y han socavado la imagen de independencia que deben tener los tribunales.
La presión podría aumentar si el TSJC decide mañana aceptar a trámite la querella de la Fiscalía e investigar a Forcadell por los delitos de prevaricación y malversación. La presidenta del Parlament debería ser citada a declarar y entonces podría acudir a la sede del Palacio de Justicia de Barcelona acompañada por los principales cargos del Govern –con el president Carles Puigdemont a la cabeza– y por diputados de los partidos soberanistas y de Podemos. Además, los jueces temen que las entidades independentistas convoquen a la ciudadanía a protestar por la «politización» de la Justicia, tal y como hicieron en las declaraciones de Mas, Ortega y Rigau hace un año.
En aquella ocasión, el TSJC emitió un comunicado para recordar que «la Sala de Gobierno no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a la puerta del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones. Ello supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional. Debe recordarse que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos. Su cuestionamiento resulta aún más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno. En este sentido, la Sala quiere recordar el deber de no injerencia que vincula especialmente a aquellos que forman parte de los otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político». El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostró su total apoyo al Alto Tribunal Catalán por este comunicado.
Durante el acto de apertura del año judicial en Cataluña a finales de septiembre pasado, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ya afirmó que «es radicalmente injusto, además de peligroso socialmente, difundir sospechas sobre la independencia de los jueces o emitir juicios interesados predictivos de sus resoluciones». Recordó asimismo que desde que jueces y magistrados juran su cargo actúan conforme a «los valores constitucionales de independencia, responsabilidad y sometimiento a la ley».
Barrientos, que la semana próxima debe comparecer en el Parlament para presentar la Memoria del Tribunal del año 2015, destacó de que la crisis social y política, «tanto nacional española como catalana», constituye un «campo abonado» para que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones, una situación que puede provocar «erosión» cuando «confluyen fuerzas, externas e internas».
Las palabras de Barrientos llegaron poco después de que el líder de Convergència (CDC) en el Congreso, Francesc Homs, afirmase que su declaración como investigado ante el Tribunal Supremo (TS) por la causa de la consulta del 9-N es política y que la sentencia ya está «dictada». El proceso contra Homs se sigue en este Tribunal por ser diputado en el Congreso.
A principios del próximo año está previsto que se celebre el juicio contra Mas, Ortega y Rigau por desobediencia y prevaricación en el TSJC. Como en las anteriores ocasiones que han comparecido los procesados, se espera que acudan acompañados de cargos públicos y se convoquen concentraciones de apoyo a las puertas del Palacio de Justicia, al menos el primer y último día de un juicio que podría durar una semana.
Mas se enfrenta a una pena de 10 años de inhabilitación para ocupar un cargo público, tal y como pidió la Fiscalía, que lo considera autor de estos delitos. Para Ortega y Rigau, el Ministerio Público reclama nueve años de inhabilitación por ser «cooperadoras» de la supuesta desobediencia y prevaricación.
En cuanto a Forcadell, fuentes judiciales explicaron que, en caso de admisión a trámite –como todo parece apuntar–, la investigación contra ella no debería durar mucho tiempo, por lo que se espera celebrar el juicio a mediados del año próximo. En este sentido, se apunta a que la presidenta del Parlament podría ser procesada antes de la convocatoria del referéndum por la independencia que Puigdemont quiere realizar en septiembre de 2017.
En la querella presentada hace unos días, la Fiscalía reclama que se cite a declarar a Forcadell como investigada y, además, insta a la magistrada instructora a que pida al Parlament numerosos documentos respecto a la tramitación del informe de conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente y a las actas oficiales de la sesión plenaria de 27 de julio pasado, en la que presuntamente se cometieron los delitos. También pide que se aporten las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la actuación del Parlament.
EL MUNDO – 23/10/16