Uno de los principales medidores de la calidad democrática, ese concepto que tanto preocupa a la portavoz de Bildu, es la distancia que media entre los jueces y los políticos. Hay que reconocer que en ese aspecto la justicia española está demasiado interferida por los partidos. No en la función jurisdiccional, que cada magistrado ejerce a título individual con autonomía razonable, sino en el Consejo General del que depende la composición de los altos tribunales. Sin ir más lejos, en la reciente votación en que dicho órgano requirió al Gobierno que le dejase informar sobre la reforma exprés que limita sus propias facultades, siete consejeros se alinearon a favor del Ejecutivo en una manifiesta demostración de sucursalismo y vasallaje. Poco puede extrañar así que a Sánchez le parezca natural que la cúpula judicial dependa del que mande y trate de imponer en ella sin ambages la misma relación jerárquica que se jacta de ejercer sobre los fiscales.

La decisión de pactar con Esquerra Republicana la reforma legal citada –para permitir el nombramiento selectivo de dos miembros del Constitucional que un anterior retoque de la misma norma bloqueaba– revela el desparpajo con que el presidente, escocido por reveses como los que le tumbaron los decretos de alarma, arrolla la división de poderes a despecho de cualquier suspicacia. Ni consenso de Estado ni zarandajas. Se trata de establecer en el Tribunal de Garantías un correlato lineal de las actuales alianzas parlamentarias, una mayoría ‘progresista’ que avale la legislación gubernamental por la vía rápida y no oponga reparos a la deriva de las instituciones catalanas. Ésa es la prioridad mientras más de mil sentencias al año siguen retrasadas por el colapso en la cobertura de las vacantes en las Salas. Que esperen los ciudadanos a que termine la limpieza de jueces ‘fachas’.

Sin embargo, la maniobra aún carece de final claro. Dependerá de que la totalidad de vocales del CGPJ se pliegue o no al asalto. La designación ansiada por Moncloa exige un quórum cualificado –tres quintos, doce votos– y no cabe descartar dificultades para alcanzarlo, bien porque se produzcan ausencias ‘inoportunas’ o porque salgan propuestos más de dos candidatos. A los profesionales del Derecho, expertos en casuística, no conviene retarlos. Es cierto que en general los componentes del Consejo se vienen mostrando más proclives a la disciplina político-ideológica que a la independencia supuesta en el cargo. Pero alguna vez podrían y deberían respetarse a sí mismos frente a los intentos de subvertir el orden jurídico. Las circunstancias, es decir, la degradación institucional desencadenada por el auge del populismo, los van a poner ante un desafío decisivo. El último capítulo de este pulso no está escrito. Y es de esa clase de oportunidades en que un servidor público puede reivindicar su oficio con un acto digno.