El último capítulo de ETA

Jonathan Powell, exjefe de gabinete de Tony Blair y negociador con el Sinn Féin durante el proceso de paz norirlandés, había sido acusado esa mañana por el ministro principal de Irlanda del Norte, Peter Robinson, de «engañar deliberadamente» (sic), por ocultar a su partido que el Gobierno estaba enviando cartas a huidos del IRA, aclaratorias de su situación procesal.

Robinson no le nombró, pero Powell ha defendido su papel en ese episodio, que justifica como una tarea pendiente en la conclusión del proceso de paz. Mientras avanza la investigación política sobre las cartas, Powell espera la ya próxima publicación de otro informe, largamente pospuesto, sobre la actuación de Blair y su equipo antes y durante la invasión de Irak.

El primer ministro conservador, David Cameron, acaba de nombrarlo su enviado especial a Libia, donde el diplomático británico, hermano de uno de los principales asesores de Margaret Thatcher y tío de un íntimo colaborador de Cameron, intentará contribuir a la construcción de estructuras más sólidas en la Libia postGadafi.

Bronceado quizá por sus viajes africanos, Powell acudió esta semana al Centro de la Palabra Libre, en Londres, para presentar ‘Endgame for ETA’ (Final de partida para ETA. La escurridiza paz en el País Vasco), libro publicado por Teresa Whitfield, miembro del Centro de Cooperación Internacional en la Universidad de Nueva York y asesora del Centro para el Diálogo Humanitario (CHD), con sede en Ginebra.

El CHD comenzó a interesarse por el problema vasco en 2013, incitado por su entonces director, el británico Martin Griffiths, y por Nancy Soderberg, la exasesora de Bill Clinton en política internacional y de seguridad, que conoció a varios vascos durante su implicación en el proceso norirlandés. Griffiths se lo comentó después a Julian Hottinger, que asesoraba al Gobierno suizo sobre procesos de paz.

Suiza había albergado diálogos entre el Gobierno español y ETA en el pasado, pero se vivían los últimos meses del mandato de José María Aznar y los helvéticos no querían enturbiar la relación bilateral. Griffiths persistió. Gracias al consejo y mediación de William Douglass, entonces director del Centro de Estudios Vascos en la Universidad de Reno, entabló contacto con ETA.

En 2004, las elecciones españolas dieron la presidencia a José Luis Rodríguez Zapatero, que canalizó el diálogo que habían mantenido el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, hacia un intento de negociar el final de ETA. La iniciativa fracasó, pero, en los encuentros de Ginebra y Oslo, organizados por el CHD, se contó con la ayuda de asesores externos, entre ellos Jonathan Powell.

Mediador principal
Esta narración del inicio de la implicación del CHD en el problema vasco es quizás la más detallada entre las publicadas hasta hoy. Uno de los méritos del libro de Teresa Whitfield es precisamente el de ofrecer un relato que contiene nuevos datos de esa negociación, interrumpida con la bomba en el aeropuerto de Barajas en 2006 y fracasada en el epílogo de la negociación política en Loyola.

Whitfield no participó en aquella mediación del CHD, pero ha contado con la confianza de los participantes británicos, de otros mediadores y de políticos españoles y vascos para añadir piezas a una descripción de la historia de las negociaciones entre el Gobierno y ETA. Es un libro ameno, bien escrito por una conocedora de la teoría y práctica de la resolución de conflictos.

La presentación consistió en una entrevista de Powell a Whitfield, con preguntas básicas del primero que permitieron a la autora ofrecer a una audiencia de unas setenta personas fragmentos de su narración y de sus reflexiones sobre un conflicto repetidamente calificado como único, por su asimetría y su aparente falta de desenlace.

Jonathan Powell se retiró tras la presentación y no ofreció sus propias reflexiones, aunque es la persona más destacada y más influyente a través de Inter-Mediate, sociedad de la que es jefe ejecutivo y en la que Martin Griffiths es asesor, entre la variedad de mediadores, facilitadores y verificadores que ahora mismo intentan promover un fin dialogado de ETA.

Tras el fiasco del primer desarme, Powell publicó el 4 de marzo en el ‘Financial Times’ un artículo –‘ETA necesita ayuda de España para inutilizar sus armas’– en el que calificaba como «extraña» la postura del Ejecutivo: «Ningún Gobierno del mundo había dicho antes ‘no’ a un grupo terrorista que ofrece unilateralmente desprenderse de sus armas». Vaticinaba después que las «políticas paradójicas raramente sobreviven durante mucho tiempo».

Whitfield utiliza otros términos, pero parece compartir esa opinión. En el capítulo de sus conclusiones, cita positivamente el argumento de Powell en el periódico y afirma que «la obstinación de los gobiernos de España y Francia (al no participar en el desarme) parece crecientemente irracional».

Escrutar la fuerza de ese argumento requería contexto. La indignación de los unionistas norirlandeses por las cartas del Gobierno de Blair a huidos del IRA, en las que Powell tuvo un rol protagonista, tiene aroma de farsa porque no contenían una amnistía y porque no se expresa similar ultraje ante el único elemento nítido de amnistía en aquel proceso, que se produjo precisamente en torno al desarme. Los gobiernos británico e irlandés acordaron mediante un tratado dar inmunidad legal a los verificadores del desarme de los grupos terroristas y a los miembros de esos grupos que ayudaban a inutilizar las armas, y también se comprometieron a no analizarlas en busca de pruebas forenses para investigar crímenes del pasado.

¿Irracional?
Por otra parte, el libro de Whitfield describe la evolución de ETA desde su primera exigencia de que el Gobierno aceptase la ‘alternativa KAS’ –como prólogo de la negociación política a su mero embellecimiento en la ‘alternativa democrática’– a la Declaración de Anoeta, después, con una negociación política entre partidos y otra, técnica, entre ETA y el Gobierno; y ahora a pedir ayuda para su desarme unilateral.

Lo que Powell en su artículo pidió y Whitfield parece avalar es que el Gobierno renuncie a su exigencia de que ETA se disuelva, cuando parece la estación terminal de su progresión histórica, y emprenda una colaboración para el desarme, que exigiría en su primer paso, para hacerla viable, una amnistía a los últimos miembros de ETA con acceso a las armas. – ¿Qué hay de ‘extraño’ o de ‘irracional’ en la posición del Gobierno español? ¿Cree Teresa Whitfield que la idea de esa amnistía en torno al desarme de ETA se corresponde con un sentido de la realidad española de hoy? – Hay argumentos racionales para esperar –responde–. Entiendo por qué el Gobierno siente que no tiene nada que perder. Creo que no hay riesgo de que ETA vuelva a la violencia. Lo hay de que alguien se aparte y haga algo con las armas que están ahí, o de que las vendan a otros grupos, algo que quizá no preocuparía mucho a España. El peor riesgo es político. Es el coste para la relación entre Madrid y el País Vasco, particularmente para el futuro del PP en el País Vasco, y para las relaciones entre Madrid y Cataluña también. El riesgo es que se llegue al final y la distancia entre el País Vasco y Madrid sea aún mayor. Acciones del Gobierno han hecho que muchos vascos se sientan alejados. Mucha gente quisiera, por supuesto, que ETA abandone sus armas mañana, pero no va a ocurrir. Por eso, la responsabilidad del Gobierno es en primer lugar política y está relacionada con cuestiones más amplias sobre la forma de España.