Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 21/6/12
Resulta ya un sarcasmo siniestro referirse como Tribunal Constitucional a un órgano no jurisdiccional, de carácter exclusivamente político –o peor, partidista– que no defiende la Constitución sino todo lo contrario.
La legalización del brazo político de la banda terrorista ETA, la Batasuna de toda la vida, ahora llamada Sortu, no es una sorpresa. Pero el hecho de que sea una noticia ya esperada, no le resta ni un ápice de gravedad. Muy al contrario, estamos ante la constatación de la putrefacción de un órgano que ha devenido en punta de lanza del proceso de demolición del régimen constitucional de 1978, como expresión política de la Nación española y garante de las libertades. Resulta ya un sarcasmo siniestro referirse como Tribunal Constitucional a un órgano no jurisdiccional, de carácter exclusivamente político –o peor, partidista– que no defiende la Constitución sino todo lo contrario. Por segunda vez, para defender a la ETA enmienda la plana al Tribunal, este sí, Supremo, invadiendo y burlando las competencias que en un Estado de Derecho, España cada día lo parece menos, corresponden a las instancias judiciales. ¿Cómo se puede defender la Constitución –ese es su mandato– aniquilando de una forma tan burda la separación de poderes y apuntillando al ya moribundo Montesquieu?
Primero fue Bildu, ahora es Sortu, siempre ha sido ETA. Dos sentencias firmes del Tribunal Supremo basadas, como cabe esperar de un Tribunal digno de tal nombre, en documentos incautados por las Fuerzas de Seguridad del Estado a ETA y a miembros de Batasuna. En la última, la referida a Sortu, se concluía que «ETA ha gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna de crear un nuevo partido así como su puesta en escena, incluido el rechazo formal de la violencia (…) Sortu nace de Batasuna y [su legalización] supondría un riesgo objetivo, grave e inminente que atentaría contra los pilares básicos de nuestra democracia». A la espera de conocer con detalle la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha contado con tres votos particulares discrepantes, ésta se fundamenta en los mismos «criterios jurídicos» que se aplicó para blanquear a Bildu. Una nueva intromisión ilegal e inconstitucional en la jurisdicción del Tribunal Supremo, que es el único, junto con la Audiencia Nacional, que tiene la capacidad legal de enjuiciar el terrorismo. La argumentación antijurídica de la ponencia, elaborada por la magistrada Elisa Pérez Vera, que ha obtenido seis votos a favor y cinco en contra, se resume en el siguiente dislate: «la eficacia de la rotunda condena de la violencia en los estatutos y en las declaraciones de los promotores del partido cuya inscripción se pretende no puede estar sometida al dilema –insoluble para el Derecho– de la mayor o menor sinceridad del sujeto (…)». Con esto, aunque parezca una broma macabra, se contrarrestan los informes policiales que advierten de que estamos ante una nueva estrategia de ETA que, conviene recordar, ni se ha disuelto, ni ha entregado las armas ni ha dejado de ejercer el terror allí donde tiene poder.
El Constitucional –con los socialistas Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Luis Ignacio Ortega, Adela Asua y Pablo Pérez Tremps como ejecutores– culmina así el proceso de legalización de ETA iniciado por Zapatero, permitiendo a la banda terrorista concurrir a unas elecciones autonómicas que pueden marcar el futuro del País Vasco y la Nación española en su conjunto. Es incomprensible que lo haga sin que el Gobierno de Mariano Rajoy haya hecho nada por renovar su composición cuando hay tres magistrados, que ya han agotado su mandato, en situación de interinidad. Son precisamente la ponente Pérez Vera y Eugeni Gay, de obediencia socialista y que votaron a favor de la legalización; y Javier Delgado, que votó en contra. Falta, además, por reemplazar la vacante del fallecido Roberto García Calvo, que pertenecía al sector conservador. El Gobierno dice discrepar de la sentencia, pero no ha movido un dedo para evitar que se produjera. Estaba en su mano proceder a la renovación, tal y como le exigen los propios magistrados, y recomponer el equilibrio entre ‘progresistas’ y ‘conservadores’. Si bien no es este el problema de fondo. Son ya muchas las reformas que se han anunciado pero que no se han llevado a cabo, empezando por la regeneración de la Justicia prometida por Gallardón. En este caso, el único ejercicio de patriotismo posible es la eliminación del Tribunal Constitucional, antes de que éste termine de liquidar la Constitución que le da nombre.
Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 21/6/12