EL USO partidista de los Mossos d’Esquadra ha sido uno de los mayores oprobios del procés. El cénit de esta espuria utilización llegó el 1 de octubre, durante la celebración del referéndum ilegal, pero puede tener continuidad en la legislatura que acaba de arrancar. Tal como publicamos hoy, un informe de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) exhorta a la Generalitat a elevar el número de mossos para «implementar la nueva república» y afrontar «situaciones de conflicto». La exigencia de una entidad que se ha demostrado clave en la toma de decisiones del independentismo suena a amenaza de perpetuación del choque institucional. Debería llevar a las autoridades del Estado a redoblar su vigilancia, máxime teniendo en cuenta que el artículo 155 sigue vigente. La ANC ha sido piedra angular del proceso soberanista no sólo por su capacidad para agitar la calle, sino por su participación en el comité estratégico del golpe. Su demanda resulta inquietante, dado que se trata de un cuerpo policial que ya ha demostrado que no tiene ningún reparo en encubrir actividades ilegales, tal como muestra su traicionera actuación durante el 1-O.

Juan Ignacio Zoido reveló ayer en el Senado que la operación policial para frenar los intentos rupturistas de Puigdemont y sus socios ha costado 87 millones de euros. El Ministerio del Interior debió gestionar con más tino la planificación de este operativo, incurrió en el error de fiarse de los mandos de los Mossos en los preparativos de la votación y no cuidó la manutención y el alojamiento de los agentes desplegados en Cataluña. Pese a ello, la partida destinada pasa a un segundo plano en la medida que lo que estaba en juego era la preservación de la unidad nacional. Cualquier Estado democrático considera una prioridad defender su supervivencia.

Zoido tiene razón cuando señala con claridad la «absoluta pasividad» y la «nula colaboración» de los Mossos a la hora de cumplir el mandato judicial de evitar el referéndum. La policía catalana movilizó a un dispositivo insuficiente (7.850 mossos frente a los 11.565 que participaron en la seguridad del 21-D) y no impidió la ocupación de muchos centros. Incluso el Gobierno catalán llegó a ofrecer resultados de la mayoría de los puntos en los que los Mossos aseguran haber evitado la votación.

Fue la hoja de ruta secesionista la que obligó al Estado a intervenir. Y fue la dejación de los Mossos de sus obligaciones, unido al uso de escudos humanos en las concentraciones –con presencia de radicales–, lo que derivó en las cargas del 1-O. Aquel día, explotado de forma torticera por la propaganda separatista, representó un fracaso colectivo. Pero la responsabilidad primaria recae en quien promovió una consulta que vulneraba la legalidad. De ahí que resulte muy preocupante que el independentismo no oculte el propósito de reincidencia en utilizar los Mossos a su conveniencia. El Estado está obligado a evitarlo.