Editorial-El Español
Ayer 31 de julio finalizó el curso político más devastador para un presidente español desde la recuperación de la democracia en 1978. Nunca antes confluyeron en una sola jornada tantas noticias demoledoras para la credibilidad y la sostenibilidad de un Gobierno.
Pedro Sánchez afronta así sus vacaciones de verano cercado por la presión nacional e internacional.
A la petición de dimisión o de convocatoria de elecciones por parte del PP se han sumado también exigencias explícitas de dimisión desde medios globales tan influyentes como The Economist, que afirmó ayer que “para restaurar la confianza en la democracia española, el presidente debería dimitir. No hay ninguna razón válida para que siga en el cargo”.
El eco de los editoriales publicados en varios medios internacionales (The Times, The Guardian, la BBC, Le Monde, Le Figaro o Frankfurter Allgemeine) refleja el descrédito al que España se expone si el presidente persiste en una resistencia agónica.
La gravedad no reside solo en las portadas extranjeras. El último día laborable de julio compone un retrato que roza el esperpento institucional. La noticia central es la imputación y las nuevas pruebas contra Santos Cerdán, número tres del PSOE, cuya familia cobró 258.000€ a través de cooperativas investigadas por la UCO entre 2019 y 2023, directamente vinculadas a mordidas en contratos públicos.
En plena tormenta, la dimisión de José María Ángel como comisionado del Gobierno para la DANA por el escándalo de su falso título universitario añade una nueva mácula.
Escándalos sin fin
La lista de sobresaltos no acaba ahí: el juez del Supremo ha planteado ya la suspensión inmediata del fiscal general del Estado, García Ortiz, ante el muy probable auto de apertura de juicio oral por revelación de secretos, un hecho insólito desde la Transición y que pone en cuestión la imparcialidad y operatividad de la Fiscalía.
Como guinda, la acusación popular en el ‘caso Begoña Gómez’ ha reclamado formalmente que Víctor de Aldama declare sobre las supuestas presiones y favores de la esposa del presidente.
Este verano debe ser, por tanto, tiempo de reflexión para el presidente. O Sánchez decide dimitir y posibilita una renovación democrática real, o convoca elecciones para que los ciudadanos decidan el rumbo.
Lo único que no es sostenible es seguir como hasta ahora, ignorando el clamor, ya global, que pide cerrar una etapa marcada por la corrupción, el desgaste y el aislamiento.
El fin del curso político coincide, además, con la publicación del estudio anual de la Fundación Civismo conocido como Día de la Liberación Fiscal, que ha desnudado una realidad tan alarmante como reveladora: España le exige a sus ciudadanos un nivel de esfuerzo fiscal llamativamente desalineado con el estado de unos servicios públicos cada vez más degradados.
Con 228 días de trabajo exclusivamente dedicados a pagar impuestos, hasta el 18 de agosto, nuestro país ha batido, durante el último año, su récord histórico de asfixia tributaria.
Los datos son demoledores. La presión fiscal efectiva alcanza ya el 54,5% de la renta disponible, más de cinco puntos por encima de 2019.
En términos prácticos, esto significa que de cada euro que gana un trabajador medio español, 55 céntimos van directamente a las arcas del Estado antes de que el ciudadano pueda siquiera pensar en cubrir sus necesidades básicas.
Presión fiscal injustificada
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, ha desplegado la mayor operación de incremento de presión fiscal de la democracia española.
La recaudación por IRPF ha crecido además un 50% desde 2020, pasando de 86.221 millones a 129.408 millones de euros en 2024. Un incremento que no responde a ninguna mejora económica real de los hogares, sino a una expansión sistemática del Estado sobre las rentas del trabajo.
Entre 2019 y 2025, Sánchez ha aprobado además 97 subidas de impuestos y cotizaciones, acumulando un impacto de 157.000 millones de euros, equivalente a dos IRPF completos del año 2018.
La paradoja más sangrante del modelo Sánchez es que esta presión fiscal récord no se ha traducido en una mejora proporcional de los servicios públicos.
Al contrario. Mientras la recaudación batía máximos históricos con 294.734 millones de euros en 2024, los ciudadanos han asistido a un deterioro evidente de los servicios públicos.
La evidencia, en resumen, es abrumadora: España no necesita más impuestos, sino un Estado más eficiente y un nuevo Gobierno, ya sea a través de la convocatoria de elecciones o de la dimisión del presidente Pedro Sánchez.