El vértigo del 1-O: el referéndum ya es la independencia

Tal como se han puesto las cosas, puede que el debate sobre una eventual declaración unilateral de independencia (DUI) después del referéndum quede en especulación ociosa. No porque la DUI se formalice o no, sino porque el mero hecho de que el domingo se produzca algo que se asemeje lejanamente o pueda presentarse como un referéndum supondría anticiparla en la práctica. La celebración de la votación, por incompleta y discutible que resulte, se ha convertido en la forma más inmediata y efectiva de desligar a Cataluña del Estado español. Ambas partes son conscientes de ello.

Hay pleno del Parlament convocado para el día 4 de octubre. Pero Turull no ha despejado nada sobre los planes del Ejecutivo de Carles Puigdemont al respecto

Mariano Rajoy arriesgó mucho al anunciar con solemnidad que el 1 de octubre no habrá un referéndum en Cataluña. Una afirmación que hoy mantiene sin matices. Cuando eso lo dice un presidente del Gobierno, no estamos ante un pronóstico ni ante una expresión de voluntad, sino ante un compromiso formal e indeclinable. La apuesta es elevadísima, porque ello le obliga no solo a desautorizarlo jurídicamente, sino a impedirlo físicamente.

Cuando enfrente tienes una formidable maquinaria institucional, respaldada por una parte muy importante de la población, dispuesta a confrontar su poder con el tuyo y derrotarte sobre el terreno —su terreno— violando todas las reglas del juego, la situación puede tornarse vertiginosamente dramática.

Pero el compromiso se ha hecho aún mayor cuando todos los poderes e instituciones del Estado se han involucrado activamente en la tarea de frenar el referéndum. Desde las fuerzas políticas leales a la Constitución hasta el Tribunal Constitucional, desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a los jueces de instrucción que investigan causas penales, desde la Fiscalía en todos sus niveles a los cuerpos de policía, desde el Ministerio de Hacienda al Tribunal de Cuentas: todos han sido beligerantes ante este desafío a la legalidad constitucional.

Esto significa que la celebración efectiva de la votación —incluso de un remedo de ella— privaría de autoridad no solo al Gobierno, sino a todas la instituciones del Estado. ¿Qué deberían hacer los magistrados del Tribunal Constitucional al comprobar que sus reiteradas sentencias unánimes prohibiendo el referéndum quedaron en papel mojado? ¿Cómo se sentirían los jueces y fiscales de Cataluña que se han jugado hasta el físico por defender la ley? ¿En qué lugar quedarían la policía y la guardia civil después del enorme despliegue de estos días?

A un lado, un Gobierno autonómico insurrecto, aliado con una organización revolucionaria. Al otro, el aparato del Estado democrático al completo

A un lado, un Gobierno autonómico insurrecto, aliado con una organización revolucionaria. Al otro, el aparato del Estado democrático al completo. En medio, la vigencia de la Constitución en todo el territorio español. En estas condiciones, ni siquiera una apariencia de empate es admisible.

Lo que tenemos delante ya no es una contienda legal o política. Ni siquiera un asunto de autoridad, sino de desnudo poder físico. Ya no se discute quién tiene la razón o quién está del lado de la ley, sino únicamente quién impone materialmente su voluntad en la jornada del domingo. Y desde Maquiavelo sabemos que la batalla del poder es la única que un Estado no puede perder sin renunciar a su esencia.

Según parece, todo el tomate está en el control de los locales destinados a la votación. La estrategia de la Generalitat y sus aliados es clara: ocupar preventivamente los colegios electorales mediante escudos humanos que disuadan la acción policial, para asegurarse de que se abren y se mantienen abiertos durante toda la jornada.

Lo ha explicado la CUP y lo explicó también Puigdemont en La Sexta: si cuando lleguen los Mossos a requisar las urnas se encuentran ante una multitud, el deber de no provocar un grave altercado de orden público primará sobre el de obedecer las órdenes del fiscal. Se trata de formar piquetes de activistas dispuestos a todo y presentarlos como pacíficas colas de ciudadanos esperando para votar.

Con ello se lograría un doble objetivo: por una parte, transmitir la impresión de una participación masiva en la votación. Por otra, proporcionar a Trapero la coartada que necesita para desobedecer haciendo como que obedece. El hecho de que los 5.000 puntos habituales de votación se hayan reducido a 2.000 ayuda operativamente a tal propósito.

Da igual que las urnas sean de cartón y las papeletas de mentira. Si se consigue que las televisiones muestren imágenes de colegios electorales abiertos y abarrotados de gente por fuera y por dentro, lo demás es coser y cantar. A falta de una autoridad electoral que vigile la limpieza de la votación, con las mesas formadas exclusivamente por independentistas —ya se ocuparán de enviar a primera hora a militantes de toda confianza para que las ocupen— y sin interventores de la oposición, el resultado que se haga figurar en las actas será el que les dé la gana. El ‘conseller’ de Interior saldrá por la noche proclamando el resultado que más le convenga (incluso engordando los votos del no para que el traje quede más presentable) y nadie podrá desmentirle con pruebas. El pucherazo estará consumado, y también la derrota del Estado.

A partir de ahí, la posterior declaración de independencia pasaría a ser una mera formalidad, porque no hay mayor prueba de independencia que demostrar en la práctica que el Estado, con toda su cohorte de legisladores, jueces, fiscales y policías, carece de fuerza en ese territorio para hacer cumplir la ley.

Durante el fin de semana asistiremos a una carrera entre los activistas y la policía por llegar antes. Es de temer que los Mossos sigan arrastrando los pies

La orden del fiscal de precintar los colegios demuestra que sabe muy bien que ahí es donde se juega todo. Durante el fin de semana, asistiremos a una carrera entre los activistas y la policía por llegar antes. Es de temer que los Mossos sigan arrastrando los pies, pero el Gobierno aún no ha agotado su arsenal de medidas y aún queda al menos un Consejo de Ministros.

Coincido con quienes insisten en que una hipotética solución al conflicto de Cataluña solo puede venir de la política. Pero antes hay que crear la condiciones para que la política pueda operar, y esas condiciones no se dan ni se van a dar de aquí al domingo. Quizá todo podría haber sido de otra manera, pero hemos llegado a este punto y no sirve de nada ignorarlo. Como también nos enseñó el genio florentino, “no se puede evitar la batalla cuando el enemigo quiere darla de todo en todo”.

Para que a partir del lunes el Estado pueda negociar con Cataluña, primero tiene que seguir siéndolo, y demostrarlo el domingo. El mundo estará atento a ello. Por decirlo en lenguaje tenístico, lo del día 1 no es un punto de set, sino de partido. Si lo gana el Estado, continúa el partido. Si no, ‘game over’.