Tonia Etxarri-El Correo
A veinticinco días para las elecciones en Euskadi y Galicia, la pregunta del millón es si los representantes políticos son partidarios de mantener la convocatoria, en plena pandemia vírica, o de aplazar la cita con las urnas para evitar mayores contagios. Se espera que el ‘pico’ del coronavirus se visualice a principios de abril. Por eso el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, insinuó su disponibilidad a suspenderlas. Una situación delicada. Se trata de salvaguardar la salud de los ciudadanos sin menoscabar sus derechos fundamentales en proceso electoral. En esa búsqueda del equilibrio se mueve el presidente de la Junta Electoral del País Vasco, el magistrado Juan Luis Ibarra, cuando se dispone a estudiar la dotación de medios necesaria para que las elecciones se celebren. Todavía faltan diez días para los actos multitudinarios que, seguramente, se tendrán que suspender. Pero, a día de hoy, no se contempla que no vayamos a votar el 5 de abril.
Existe un vacío legal ante una situación desconocida. Ni la Carta Magna ni la LOREG permiten suspender las convocatorias electorales. Y en la declaración de un Estado de alarma concebido para circunstancias extraordinarias no se especifica, entre los derechos ‘suspendibles’, el de desconvocar elecciones. Salvo que se utilice la calificación jurídica de «fuerza mayor». Una declaración que solo la podría hacer el Gobierno después de que los presidentes autonómicos afectados lo solicitaran. Pero no parece que estemos en esa tesitura.
El miedo se ha propagado con mayor rapidez que el virus porque los responsables políticos han ido suministrando información a cuentagotas; sin atreverse a adoptar medidas tajantes que nos situaran delante de la epidemia y no a su rebufo. Se actuó con irresponsabilidad. Por miedo a ser impopulares. En las manifestaciones del 8-M y en el mitin de Vox. Si ahora, al menos, ya se reconoce que la situación es de emergencia, no se entiende el riesgo que vayamos a correr el 5 de abril.
La convocatoria electoral es muy tentadora para el concurso de los partidos. Pero, ¿quién asumirá el riesgo en caso de mayor contagio? Aunque la campaña sea virtual. Y los votantes vean a los líderes por televisión o en las redes desde el sofá de sus casas. Pero con muchos colegios y estadios cerrados, ¿la gente estará dispuesta a hacer cola en los colegios electorales? Una votación tan distorsionada por la sicosis de la pandemia será anómala. Si se produce una abstención desmedida, ¿los elegidos se sentirán legitimados? ¿O habrá que volver a repetir elecciones cuando pase la pesadilla?