La entrevista que Carlos Alsina hizo este lunes en Onda Cero al teniente fiscal del Tribunal Supremo fue, por supuesto, un éxito periodístico —uno más— del director de ‘Más de Uno’. También fue el vómito patético de un hombre despechado, la revancha personal de un altísimo funcionario público que, queriendo desquitarse de algunos de sus colegas, dañó gravemente la institución de la que forma parte y se desacreditó a sí mismo. Finalmente —y esto es lo más trascendente—, fue una muestra del nivel de deterioro institucional que se ha alcanzado en España en los últimos años.

Solo el fiscal Luis Navajas —y quizá sus allegados— conoce el proceso emocional que lo condujo, en el momento final de su carrera, a hacer honor a su apellido, hacerse un harakiri público y convertir el estudio de radio en un lodazal. Pero en pura lógica institucional, las consecuencias inmediatas de su actuación deberían ser apartarlo inmediatamente del caso que la motivó (las querellas contra el Gobierno por la gestión del estado de alarma), relevarlo de su actual responsabilidad e invitarlo a que considere seriamente anticipar su retiro.

Siempre desconfié de los jueces y fiscales que se convierten en estrellas mediáticas. Hay oficios en los que famosear equivale a hacer mal tu trabajo. Administrar justicia no es compatible con las lentejuelas, los focos y los micrófonos: mientras ejercen su función, jueces y fiscales deberían opinar únicamente a través de sus escritos oficiales. Lo ideal sería que llegaran al final de su carrera siendo desconocidos fuera de su ámbito profesional. El fiscal Navajas ha estado a punto de lograrlo y lo ha estropeado al final de forma lamentable: 45 minutos para desahogarse y el resto de su vida para arrepentirse.

Ya que decidió rasgar el velo del anonimato y acudir a la radio, podría haber aprovechado la ocasión para hacer algo constructivo. Por ejemplo, aclarar la monumental confusión existente sobre la naturaleza del Ministerio Fiscal en España, su función dentro del poder judicial y sus relaciones con el Gobierno. Evidentemente, no fue ese su propósito.

Navajas hizo en la entrevista una exhibición completa de todos los pecados que reprochó a sus colegas. Violó varios artículos del Estatuto del Ministerio Fiscal. Cometió un sinfín de indiscreciones, revelando conversaciones y episodios cuya propiedad no le pertenece. Se permitió juicios políticos y personales —por ejemplo, sobre el Rey emérito—, inaceptables cuando hay actuaciones judiciales en curso. Tiñó el caso de las querellas de una turbidez pasional que lo descalifica para seguir conduciéndolo.

Quizá lo más penoso fue la deslealtad hacia sus compañeros de profesión (“esa tropa”, en sus propias palabras). Singularmente, hacia los fiscales del Tribunal Supremo que actuaron en el juicio del ‘procés’. “Van llorando por las esquinas y doliéndose de las píldoras que el tribunal les endosó”, dijo Navajas. Omite tres datos decisivos: que en el ejercicio de sus funciones, cada fiscal representa a toda la institución (también cuando da entrevistas). Que es precisamente el teniente fiscal quien dirige y coordina a los fiscales del Supremo. Y que todas las posiciones de los fiscales en aquel juicio fueron avaladas y respaldadas por los sucesivos fiscales generales. Doble deslealtad, pues: hacia sus subordinados y hacia sus superiores.

Hasta ahora, sabíamos que existe una feroz batalla política en torno a la Fiscalía. Comenzó con los casos de corrupción del PP, se intensificó con el juicio a los dirigentes del levantamiento institucional en Cataluña, alcanzó cotas delirantes con aquella chulesca patada al derecho de Pedro Sánchez (“¿De quién depende el fiscal?, ¿de quién? Del Gobierno, ¿no? Pues eso”). Y se contaminó definitivamente con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general.

El testimonio radiofónico de Navajas muestra que la guerra se ha trasladado al interior de la institución. De creer lo que relató, la Fiscalía es hoy un campo de batalla en el que los alineamientos políticos aplastan el derecho, además de un nido de filtradores —lo que, según él, impediría que funcionen sus órganos colectivos—. Si es así, alguna responsabilidad tocará a quien ha sido el número dos de ese órgano durante los últimos seis años.

Reveló Navajas —una de sus muchas indiscreciones— que, en su primera conversación, la flamante fiscal general ya le reconoció que ella tendría que abstenerse en todos los procesos con connotaciones políticas. Dice que le dijo: “En todos esos casos, el fiscal general del Estado serás tú”. Sería saludable, además de legalmente exigible, que esa circunstancia se hubiera formalizado y dado a conocer a las partes y a la opinión pública. Señoras y señores, sepan que hemos designado a una fiscal general que viene autorrecusada de origen para actuar en cualquier proceso que implique a partidos o dirigentes políticos. Así se habría visto con más claridad el desatino de ese nombramiento.

La designación de Delgado fue una provocación de Sánchez, un alarde de poder personal innecesario y obsceno. Se insiste en la anomalía de que haya pasado directamente del Consejo de Ministros a la Fiscalía General. Pero lo que lo hace aún más lacerante es que, en el ministerio, encabezó varias operaciones oscuras para alinear la acción de la Justicia con la conveniencia política del Gobierno. En el Parlamento, descolló por su sectarismo y su agresividad frente a la oposición. Y como candidata del PSOE en dos elecciones generales, fue ultrasur del sanchismo, látigo del trifachito y dijo cosas totalmente inconciliables con la función que hoy desempeña. La relectura de sus mítines de campaña basta y sobra para explicar la radical inadecuación de la persona al cargo.

La consecuencia es que, al margen del mayor o menor acierto de sus decisiones, desde que Dolores Delgado está al frente de la Fiscalía todo lo que sale de ella ha quedado fatalmente viciado por la presunción de no imparcialidad. Un daño profundo y probablemente irreparable al averiado crédito de la Justicia en España. El clavo que faltaba lo ha tachonado el vómito irresponsable de Navajas.

Es muy probable que la Fiscalía tenga razón en su posición jurídica en este caso. La gestión gubernamental de la pandemia es un fracaso completo, pero ello no justifica condenar por homicidio a Pedro Sánchez o a Salvador Illa. Si hay que depurar alguna responsabilidad por este desastre, la vía adecuada no es la penal. Pero entre los Sánchez, Delgado y Navajas, se han encargado de que la razón jurídica sea lo que menos importa. De hecho, parece que es lo que menos les importa a ellos mismos.