Un eslogan tan simple como eficaz, obra de algún laboratorio partidista o acaso de un inspirado espontáneo sevillano, acabó en el pasado otoño con la campaña de actos que Moncloa había diseñado para disolver la imagen de lejanía de Sánchez y su halo de dirigente poco empático. Aquel «que te vote Txapote» fue un éxito de quienes fuera que lo hubiesen parido, un torpedo viral cargado de mala leche que impactó de lleno en su objetivo e hizo saltar por los aires todo un bien planificado diseño propagandístico. Los gurús electorales se percataron de inmediato de ese carácter explosivo: era contundente, rotundo, letal, y además sencillo. A partir de su aparición a las puertas de un mitin se encendió la alerta de peligro y el programa de apariciones presidenciales se redujo a unas cuantas charlas y vídeos donde el líder aparecía rodeado de amigables comparsas seleccionados entre militantes de partido.

El problema de la consigna, el elemento que la volvía comprometedora para la ya muy desgastada reputación gubernamental, residía en su anclaje en una realidad palpable, irrebatible, objetiva: la elección de Bildu como socio preferente y estable de la alianza sanchista. El recordatorio del pacto con los herederos –abintestatos, dice Nico Redondo con exquisita precisión jurídica– de ETA dolía en el lomo de la coalición como un par de banderillas porque recordaba el aspecto más enojoso de su estrategia política. Al conectar la conciencia popular con la trastienda de esos acuerdos vergonzantes que incluían medidas de alivio penitenciario a los terroristas, proveía al adversario de una formidable arma arrojadiza. Porque el asesino de Miguel Ángel Blanco había sido trasladado ese mismo verano, junto a Henri Parot y otros colegas igualmente sanguinarios, a una prisión del País Vasco en cumplimiento de esos nunca reconocidos pactos cuya última fase será con toda seguridad la aplicación, en la medida de lo legalmente posible, de permisos, rebajas y progresiones de grado.

Ayer, Interior completó el proceso de acercamiento con los cinco últimos reclusos. Ya están todos juntos, incluida la pareja de Txapote, mientras Otegi muestra en público su satisfacción por lo que considera un triunfo de su grupo. Lo es, de hecho: la obligación de que los condenados cumplan la pena en su tierra no está escrita en ninguna parte y por tanto se trata de una decisión discrecional de las autoridades que en este caso se corresponde con las exigencias explícitas de los aliados de Sánchez. Ilegal no es, desde luego, pero sí optativo y en consecuencia resulta aceptable la hipótesis de que el Ejecutivo lo hace como pago parcial de un chantaje. Es decir, en su propio rescate. La ya famosa pancarta podrá ser maligna, aviesa, incluso infame. Pero alude a una realidad incuestionable, y es que este Gobierno se sostiene sobre una banda de habituales inquilinos de las cárceles.