Los mayores errores de Rajoy se acumularon en la gestión del ‘procés’, que además de no ver venir acabó abordando con un manejo incompetente, entre miope y tímido. En la evitación del referéndum hizo sencillamente el ridículo y cuando se decidió a aplicar el artículo 155 lo hizo demasiado tarde y con un alcance mínimo. Sólo la Justicia dio una respuesta adecuada y proporcional al desafío, como demuestra el hecho de que seis años después siga constituyendo la obsesión del independentismo. Si hubo espionaje a los dirigentes separatistas catalanes, con o sin autorización, no se puede decir que sus resultados fueran muy eficaces porque los sediciosos sacaron cinco mil urnas de respetable tamaño a la calle sin que ni los servicios de inteligencia ni los de seguridad consiguieran enterarse. Toda la actuación gubernamental fue un desastre del que el barco del Piolín quedó como símbolo humillante. Aquello tuvo un precio político grave que el marianismo pagó con un fuerte desgaste, la fractura de la derecha y una secuencia posterior de fracasos electorales.

Ahora el Gobierno de Sánchez intenta acorralar al PP desenterrando un pliego de acusaciones de corrupción de Estado. Las denuncias de Villarejo funcionan como pretexto para complacer a los socios con una operación de acoso retroactivo al adversario y opacar de paso el debate de la amnistía y sus considerables estragos. Se trata de abonar la tesis del ‘lawfare’, de la guerra sucia judicial y policial, como indirecta justificación compensatoria de un pacto que hasta una parte de los votantes socialistas considera problemático. La clásica estrategia de limitación de daños, que además sirve para eludir responsabilidades propias en el asunto ‘Pegasus’, otro caso de escuchas donde el Ejecutivo ha puesto al CNI y a su exdirectora a los pies de los caballos. Frente a los aprietos del presente, el consabido recurso de revolver el pasado. El ventilador a todo trapo.

La campaña cuenta con la contrastada hegemonía socialista en el dominio de la conversación pública y mediática. Aun así tiene puntos muy débiles, sobre todo el de la dificultad de provocar suficiente ruido para tapar el de una ley de impunidad fuertemente contestada que Puigdemont pretende extender hasta los escándalos pujolistas y el terrorismo de los CDR mediante enmiendas parlamentarias. El sanchismo se ha adentrado en una aventura muy antipática porque se ha extendido la evidencia de que ha cedido a una extorsión palmaria y porque existe un patente rechazo ciudadano a la anuencia con los autores de la revuelta catalana. Incluso al poderoso aparato propagandístico de Moncloa le va a costar trabajo camuflar eso bajo un ‘watergate’ forzado con una década de retraso. Puede funcionar para proveer de argumentos a los muy partidarios, pero hay que armar mucho escándalo para compensar el de estar gobernando con ‘Puchi’ de la mano.