Pasaron las elecciones europeas del 9 de junio. En lo que hace a España ganó nuevamente el PP, con un 34% de los votos y 700.000 votos más que el PSOE, que quedó en el 30%, a base de engullir a su socio de coalición Sumar, que obtuvo poco más del 4% de los votos. Si se coge el mapa de España, es enteramente del Partido Popular a excepción de Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias. Cuando, como el PSOE, se han perdido más de dos millones de votos respecto de las últimas europeas de 2019, más valdría pararse a pensar en ese por qué, y no entregarse a festejos fuera de lugar. Bueno, eso pasaba hace no tantos años, ahora se ha debido de olvidar.
Como sucede en ocasiones, la digestión de ese resultado electoral se va viendo a lo largo del paso de los días, casi como una resaca. Así, tenemos la dimisión como coordinadora de Sumar de Yolanda Díaz, que se aferra a la vicepresidencia del gobierno una vez que ha conseguido calcinar ese espacio político en poco más de un año. Ya había mostrado dotes para ello, en febrero en Galicia, en abril en el País Vasco y en mayo en Cataluña. El resultado obtenido por esa fuerza política el pasado domingo condena a la aniquilación de las taifas que la componían. Resultado: es difícil poder hablar de gobierno de coalición, cuando uno de los coaligados se derrumba.
En Cataluña, la conciliación avanza más bien poco y mal, como se vio también el mismo lunes, en que el Sr. Rull, cuyo jefe de filas no es sino el carlista Puigdemont, obtuvo la presidencia del Parlamento Catalán; eso sí, desobedeciendo la resolución del Tribunal Constitucional que prohibía el voto de los huidos de la justicia, sin que hayamos escuchado hasta el momento ni una sola crítica por parte del gobierno de la nación ante tamaña ilegalidad; tampoco del PSC. En ese escenario catalán, ya enloquecido, cualquier hipótesis puede ser, incluido desde luego, la repetición de elecciones tras el verano.
La ominosa ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 30 de mayo fue puesta en el congelador de su publicación en el BOE por parte del Gobierno hasta hace un par de días. Y se ha abierto ya el conflicto previsto, de manera que los fiscales consideran que esa ley no cubre el delito de malversación pública, lo que dejaría a Puigdemont sin la impunidad que pretendía, y que constituyó el eje de la investidura del Sr. Sánchez. A estas alturas, es tal el galimatías que se abre que es imposible adivinar el curso final de esa desgraciada ley.
Entre el bulo y el fango
A su vez, si antes de las elecciones figuraba como investigada penalmente la esposa del Sr. Sánchez, con la participación añadida de la Fiscalía Europea en esa investigación, ahora sabemos también que se investiga en otro juzgado al hermano del presidente. Situación inédita en cualquier país de la Unión Europea. Podrá seguir el Gobierno con su cansina letanía de fango y bulo, o de bulo y fango respecto de esos procedimientos, en un manifiesto afán de poner en la picota a los jueces, en que se llega a la obscena situación de pasear en un mitin electoral la semana pasada a la esposa del Sr. Sánchez, o a la venta de pulseras con el emblema “Free Bego” en el mitin final de campaña en Fuenlabrada.
Es la diferencia abismal entre un autócrata al estilo Trump y un demócrata intachable, como el presidente estadounidense Joe Biden, que, tras la condena a su hijo por tenencia ilegal de un arma, ha manifestado que ningún ciudadano está por encima de la ley. Y que sea cual sea la sentencia, no indultará a su hijo.
No oirán hablar de los problemas de sanidad, de los de educación, de la desindustrialización del país, de la pérdida de productividad, de la vivienda que arrastra a una juventud que se queda atrás; de nada
Pero, más allá de todo ese rosario de incidentes ocurrido tras el resultado electoral habrá que preguntarse qué viene ahora con una legislatura absolutamente paralizada desde su primer día, a excepción de la ley de amnistía. Paralizada por la sencilla razón de que el gobierno no gobierna, sin presupuestos generales del Estado, sin proyecto de país, sin proyectos legislativos en los que carece de mayoría, sin proyectos de reformas que tanto necesita España. No oirán hablar de los problemas de sanidad, de los de educación, de la desindustrialización del país, de la pérdida de productividad, de la vivienda que arrastra a una juventud que se queda atrás; de nada. Tampoco del riesgo de exclusión social y de pobreza que alcanza a la cuarta parte de la población nacional –España es el tercer país por la cola, tras Rumania y Bulgaria en la Unión Europea–. Tan sólo escucharán una sucesión de gritos destemplados que ocultan el vacío clamoroso en materia de políticas que afecten a los ciudadanos.
Llegados a este punto, dos opciones están delante de nosotros. La primera, entender lo obvio, que esta torcida legislatura no va a ningún lado, es una auténtica desgracia para este país. Y, en consecuencia, convocar elecciones tras el verano. Pero no, ahí está la portavoz del Gobierno, que no para de decir que quien eso pretenda “espere sentado”. Aunque sería bueno repreguntarle: “Sentado, ¿para qué?”.
Cesar a Tezanos al frente del CIS en vista de sus fracasos permanentes y hasta es posible que deliberados. Parece mentira que se pueda fallar tanto y con tanta frecuencia, eso sí, a costa del presupuesto público
La segunda opción, y una vez un populista está al frente del gobierno, es siempre tirar más lejos. Es decir, emprenderla con el poder judicial y con los medios de comunicación. Algo de eso dijo ayer en la sesión de control en el Congreso el presidente, sesión de control que debería marcarse –como todas– con dos rombos a la hora de proyectarla en las televisiones, de tan zafia y absurda que resulta. Supondría, o supondrá, hacer más descabellado todo lo que vivimos en el día a día; con una sociedad polarizada hasta la náusea, y crecientemente desafecta hacia esta forma de no hacer política si no es desde el insulto absurdo. En medio de una sociedad crecientemente átona, el resultado podría acabar en parecernos, al mismo tiempo, a la ultraderecha polaca –hoy felizmente desalojada del poder– y al peronismo/kirchnerismo de Argentina, en el modelo cleptócrata de Cristina Kirchner. Si algo debería estar prohibido no ya a un gobernante, sino a cualquier responsable político, es el empeño de dividir a una sociedad hasta la extenuación.
Uno, de forma humilde y con vistas a una regeneración democrática, quizá se conformara con otras cosas más sencillas: por ejemplo, cesar a Tezanos al frente del CIS en vista de sus fracasos permanentes y hasta es posible que deliberados. Parece mentira que se pueda fallar tanto y con tanta frecuencia, eso sí, a costa del presupuesto público. Quizá fuera mejor dotarlo con una administración de lotería, cuesta creer que tuviera menos fortuna en ese puesto que en el CIS.
Hubo tiempos, no tan lejanos, en 2014, en que el PSOE perdió por tres puntos menos en las elecciones europeas –uno menos que el domingo– frente al PP, a quien además recortó en trece puntos a ese Partido Popular que le había pasado por encima en las elecciones generales de 2011, con una diferencia de dieciséis puntos. Esos resultados se saldaron con la dimisión del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Se trataba de un ejercicio de responsabilidad, y así lo anunció esa misma noche electoral. No, hoy no ocurre lo mismo, la fiesta sigue como si no hubiera un mañana.
No deja de ser una desgracia para España. Que, lo veremos, se incrementará.