Elecciones expiatorias

Ni ayer, ni hoy, ni muy probablemente mañana. Los grandes partidos insisten en mostrar con hechos que no tienen la menor voluntad de combatir de verdad la corrupción que anida en los núcleos de poder del sistema político español.

El Congreso volvió a abordar ayer el terrible cáncer que carcome la salud de nuestra democracia al hilo de la macrorredada del lunes contra la última gran trama corrupta que se ha descubierto. Fue, de nuevo, absolutamente en vano.

Ni ceses, ni dimisiones, ni reformas inmediatas para terminar con los abusos de partidos y políticos que han pervertido la democracia al ‘okupar’ instituciones y organismos pensados precisamente para lo contrario: para impedir sus eventuales excesos. De nuevo más ventilador, más acusaciones cruzadas. Otra vez el ‘y tú más’, la promesa de unas actuaciones que no llegan.

La ciudadanía está asqueada. Hace ya tiempo que se desbordó el vaso de su paciencia. El sistema político que tanto costó levantar tras la larga noche de la dictadura franquista se cae a pedazos. Y lo peor es que la corrupción no es cosa de ‘outsiders’. Ha alcancado las propias entrañas del poder. Y éste, en lugar de amputar ya los miembros afectados por la gangrena, por poderosos que sean, se limita a exigir al adversario lo que él no hace.

Gesto amortizado
En otro tiempo que todo un presidente del Gobierno pidiera públicamente perdón por tener entre los suyos a tanto mangante, como hizo Rajoy el martes y reiteró ayer –aunque fuera horas después de minimizar el problema por vigésima vez–, hubiera sido un buen punto de partida hacia la imprescindible regeneración. Ya no. Como tampoco sirve de casi nada que la nueva dirección socialista de Pedro Sánchez presuma dialécticamente de intransigencia ante la corrupción mientras insiste en proteger a varios ‘pesos pesados’ señalados por la Justicia, pese a que alguno mintió en sede parlamentaria.

El tiempo, como la paciencia ciudadana, se agotan. Y no sirve con repetir el mantra de que, pese a todo, el sistema funciona. De que la Policía, la Justicia o los medios de comunicación hacen su trabajo y destapan nuevas corruptelas. No cuando desde la propia judicatura se denuncia, sobre todo en privado, claro, que en demasiadas ocasiones el poder político dificulta su trabajo cuando no lo torpedea directamente. No cuando aumentan las mordazas políticas, por vía económica, a la libertad de información.

La situación ha alcanzado tal gravedad que una de las pocas salidas dignas es la de las urnas. Unas elecciones expiatorias en las que los verdaderos propietarios de la democracia, los ciudadanos, tengan la oportunidad de pasar factura por sus pecados, nada veniales, a quienes consideren oportuno.

Es comprensible que Rajoy rehúya unas elecciones generales anticipadas que acabarían como mínimo con su mayoría absoluta. Las sombras de la abstención y de Podemos empiezan a ser tan alargadas como amenazantes. Pero retrasar la cita puede ser el mejor camino hacia un descalabro aún mayor en unos meses.

Si no se anticipan las legislativas, los primeros en sufrir el hartazgo ciudadano serán los representantes municipales y autonómicos del PP. Nada extraño que desde ese mundo se hayan empezado a escuchar voces, también desde Gipuzkoa, reclamando al presidente que ponga fin a tanto silencio y tanta inacción, siquiera por puro interés.

Hace dos décadas, la corrupción barrió de un plumazo las estructuras políticas de Italia. Terminó con los partidos y los políticos que habían protagonizado medio siglo. Algunos datos abonan la sensación de que el caso podría repetirse en España. Las servidumbres deben ser tremendas si los partidos, y no sólo PP y PSOE, evitan meter el bisturí para evitarlo.