Todas las elecciones tienen características propias que las individualizan en relación con las demás. Las convocadas para el 13 de febrero en Castilla y León no son ninguna excepción, pero esta cita presenta una serie de rasgos distintivos especiales. Empezando por el hecho de que es la primera vez que se convocan tras una disolución anticipada de las Cortes castellanoleonesas. Y es también la primera ocasión en que las autonómicas van a realizarse sin el acompañamiento de otras comunidades coincidiendo con las municipales.

Pero, siendo todos ellos rasgos distintivos, lo más relevante es el carácter instrumental que ha tenido la convocatoria de estos comicios. La finalidad no es tanto la renovación de las Cortes castellanoleonesas, que es para lo que se celebran elecciones, como la de su utilización instrumental para obtener una posición política más ventajosa en beneficio del partido que llama a las urnas. Y ello no tanto en la propia región (que también), sino sobre todo de cara a otra cita: las generales a celebrar dentro de casi dos años (acabamos de pasar el ecuador de la legislatura).

Las elecciones anticipadas constituyen un mecanismo propio del sistema parlamentario que no puede (y, sobre todo, no debe) ser utilizado interesadamente por quien tiene posibilidad de hacerlo, que normalmente es quien está al frente del Gobierno. En buena lógica parlamentaria, los comicios adelantados se convocan cuando se han producido hechos nuevos que alteran los apoyos parlamentarios con los que contaba el Ejecutivo y, como consecuencia de ello, ve dificultada seriamente la posibilidad de seguir desarrollando su actividad con normalidad. En este supuesto, y si no hay posibilidad de recomponer los apoyos parlamentarios, es admisible la convocatoria anticipada de elecciones para que la ciudadanía decida.

Lo que no resulta admisible, al menos de acuerdo con las normas propias del ‘fair play’ parlamentario, es disolver la Cámara cuando el Gobierno no tiene ningún problema en ella para seguir desarrollando su actividad como lo ha venido haciendo ni le faltaban apoyos parlamentarios para continuar la legislatura (que no finaliza hasta mayo del año próximo). En estas condiciones, las realmente existentes en Castilla y León, la interrupción anticipada de la legislatura y el innecesario llamamiento a las urnas es una operación que puede reportar jugosos beneficios a quien la lleva a cabo, pero que no deja de ser un ejemplo de libro de utilización instrumental de las instituciones; en este caso, del mecanismo básico de la democracia en provecho partidista propio.

El problema de fondo que plantea esta actitud es el de la utilización instrumental de las instituciones, lo que se está convirtiendo en una norma de conducta generalizada que, además de sus repercusiones en el caso concreto, acaba afectando al sistema institucional en su conjunto. Cabe reseñar al respecto el uso intensivo que viene haciéndose de las instituciones judiciales para dirimir cuestiones de naturaleza netamente política o, asimismo, la utilización de las instancias europeas (tan nuestras como las autonómicas o las estatales) para tratar de condicionar la política del Gobierno en todos los terrenos, como se está poniendo de manifiesto en estos momentos a propósito de la reforma laboral, las pensiones, los eurofondos…

Dada la coyuntura electoral que se presenta a lo largo de este año -a las elecciones castellanoleonesas del 13-F les seguirán las andaluzas y no es descartable que pueda haber más-, esta utilización instrumental de las urnas constituye un serio problema institucional, a añadir a los ya existentes, que incide de forma determinante en el desarrollo del proceso político en curso. Las elecciones, en especial cuando son anticipadas para tratar de conseguir objetivos ajenos a los propios de las citas electorales, corren el riesgo de convertirse en un factor de distorsión de la vida política e institucional, que es lo que en buena medida está ocurriendo ya y previsiblemente puede seguir sucediendo a lo largo de este ciclo electoral.

Más allá del resultado del 13-F en Castilla y León, es importante llamar la atención sobre los problemas que origina usar las instituciones, incluidas las relacionadas con los procesos electorales, para tratar de obtener beneficios partidistas propios al tiempo que se trata de perjudicar a los rivales políticos. De esta forma, e independientemente de las victorias pírricas que ocasionalmente puedan lograr quienes no tienen ningún reparo en servirse de estos recursos, lo único que realmente se consigue es contribuir a aumentar un deterioro institucional que viene haciéndose cada vez más patente y que, éste sí, constituye uno de los principales problemas que tenemos planteados en el momento actual.