El próximo día 28 los españoles estamos llamados a las urnas. Por un lado, en todo el país se celebrarán elecciones locales para renovar las corporaciones municipales y, por otro, en doce comunidades autónomas se elegirá a los miembros de sus respectivos parlamentos. Los comicios locales y autonómicos -a diferencia de los generales- tienen por finalidad llevar la democracia al ámbito más próximo al ciudadano. Y, como todos, son el mecanismo por el cual podemos exigir responsabilidades políticas a nuestros representantes por su gestión durante los últimos cuatro años. En las elecciones locales, temas como la limpieza de las ciudades, el cuidado de sus parques o los problemas de tráfico y movilidad urbana deberían ocupar un lugar destacado. Y en las autonómicas, en un país tan descentralizado como España, hay que subrayar que las políticas públicas en materias tan relevantes como educación, salud o vivienda dependen en buena medida de las comunidades.

A pesar de ello, existe un riesgo muy real de que en la campaña el debate sobre muchos de estos temas brille por su ausencia u ocupe un lugar muy secundario. Y ello no solo porque impropiamente algunos las contemplen como una suerte de anticipo de las próximas generales, sino porque puedan sufrir un proceso de desnaturalización total y transformarse en una suerte de plebiscito sobre la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Si así fuera, la democracia española sufriría una degradación notable. En primer lugar, porque supondría una renuncia a la necesaria exigencia de responsabilidades a quienes hasta ahora han ocupado el poder municipal y autonómico. En segundo lugar, porque en unas elecciones concebidas para debatir los temas y políticas más próximos al ciudadano estos quedarían completamente orillados. Y, por último, por el carácter antidemocrático y cesarista que tiene todo proceso plebiscitario. El presidente Sánchez y la mayoría que sostiene a su Gobierno deberá rendir cuentas a los ciudadanos en las elecciones generales, pero esa no es la finalidad constitucional de las del 28 de mayo.

En el caso de los problemas locales, la responsabilidad es sustancialmente municipal. Las ciudades de Madrid o Barcelona, por señalar dos significativos ejemplos, están bastante sucias en comparación con otras cuya gestión de los servicios de limpieza es mucho más eficaz. Y de ello no es responsable el presidente del Gobierno. Y lo mismo cabe decir de los problemas de tráfico, ruidos…

En el ámbito autonómico, como consecuencia del complicado y confuso sistema de descentralización política, muchas veces el ciudadano no sabe bien quién es el sujeto políticamente responsable de los aciertos o defectos en la gestión de las políticas públicas. Y ello provoca la dilución de las responsabilidades. Al final nadie es responsable. Esto se ha visto con claridad en la gestión de la pandemia mediante una ‘cogobernanza’ que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y que para lo único que parece haber servido es para una completa dilución de las responsabilidades. A nivel europeo hay datos de la sobremortalidad por el virus: entre las doscientas regiones destacan quince en las que esa sobremortalidad fue mayor en relación a su población. Pues bien, de esas quince, cinco son comunidades autónomas españolas que estuvieron bajo esa inconstitucional cogobernanza. Y el peor dato de todos lo tiene la de Madrid.

En este contexto, causa sonrojo la autocomplacencia general sobre lo «bien» que hemos afrontado la crisis del covid. Pero lo que importa subrayar es que, a la hora de exigir responsabilidades, de lo malo tiene la culpa siempre ‘el otro’ (sea el Gobierno nacional o el autonómico). En ese escenario ni siquiera se plantean reformas para evitar repetir los errores cometidos.

El planteamiento plebiscitario de las elecciones supone poner el foco en «echar a Sánchez», como si con ello quedaran solucionados los múltiples problemas que padecen los municipios y comunidades autónomas. Esta concepción de los comicios del 28 de mayo es contraria a su finalidad constitucional. A ella ha contribuido también de forma notoria el presidente del Ejecutivo con su forma personalista de gobernar.

En definitiva, convertidas las elecciones en un plebiscito a favor o en contra de Sánchez, los partidos no ofrecen proyectos de gestión para mejorar la vida de los ciudadanos a nivel municipal o regional. La propaganda plebiscitaria se limita a proclamar o bien que el presidente es el responsable de todos los males del país o bien que a él le debemos todos sus éxitos (reales e inventados). Se trata de otra expresión más del deterioro de la calidad de la democracia española, que contribuye a erosionar la confianza ciudadana en un sistema político que se aleja de sus problemas y preocupaciones reales.