Un primer factor a reseñar es el de los cambios que se están produciendo en el mapa político, que si bien tienen expresión a escala autonómica apuntan claramente hacia su proyección estatal. Es preciso anotar cómo cambio más destacable la irrupción de Vox, que si bien ya había conseguido una presencia significativa en el mapa político, es en este ciclo cuando está certificando su asentamiento y consolidación como una de las fuerzas determinantes en el sistema político español.

En sentido contrario, hay que constatar la práctica desaparición de la escena, al menos en el plano institucional, de las formaciones de la izquierda no encuadradas dentro del PSOE, inmersas en un proceso de dispersión que las aboca a la más completa irrelevancia política; lo que constituye asimismo un cambio importante en relación con la situación anterior. Además de las consecuencias que este hecho tiene para las propias formaciones de este espacio, en riesgo de extinción política, hay que reseñar los efectos negativos para el funcionamiento del sistema en su conjunto, al generar un vacío que inevitablemente actúa como factor perturbador en la vida institucional.

Por lo que se refiere a las dos formaciones, PP y PSOE, que, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, conforman el eje en torno al que se articula el funcionmiento del sistema político, hay que decir que en este caso el cambio en relación con la situación anterior consiste en que asistimos a un progresivo reforzamiento del bipartidismo, seriamente cuestionado a finales de la pasada década tras la irrupción de nuevas fuerzas (Ciudadanos, Podemos ….) hoy desaparecidas o irrelevantes. Es preciso señalar que el PP viene superando al PSOE en las más recientes elecciones; sin que esa superioridad numérica de escaños le permita gobernar por sí solo, lo que le acarrea serios problemas que distan de estar resueltos.

No menos dificultades plantea la posición del PSOE, que para poder gobernar ha tenido que recurrir a la formación de unas coaliciones heterogéneas que le obligan a adoptar decisiones que, además de muy discutibles -amnistía, financiación ‘singular’, entre otras-, tienen muy difícil explicación para buena parte de su propia base electoral, lo que debilita su posición política. Por otra parte, la falta de cohesión entre la dispar mayoría parlamentaria impide con frecuencia sacar adelante las propuestas del Gobierno, como se pone de manifiesto en los numerosos reveses parlamentarios cosechados; por no hablar de la imposibilidad de aprobar ningún Presupuesto a lo largo de la actual legislatura, lo que da cuenta de la situación anómala en que nos encontramos.

A falta de conocer los resultados de las próximas elecciones andaluzas, un elemento común a las ya celebradas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y a las últimas generales de 2023, hace referencia a la configuración de un mapa político que plantea serias dificultades, tanto a escala autonómica como estatal, para poder formar gobiernos estables. Es este el factor determinante que ha venido condicionando el desarrollo de este casi trienio de legislatura, y que en el ciclo electoral autonómico en curso está también condicionando la gobernanza de las comunidades, antes incluso de que se formen los respectivos ejecutivos.

Hay que tener presente, para concluir, que más que el numero de votos y de escaños obtenidos, después de las elecciones lo realmente determinante es la posibilidad de formar gobiernos que puedan desarrollar su programa contando para ello con un respaldo parlamentario suficiente. Lo que en el momento presente constituye la principal cuestión a resolver, más aún en un escenario en el que los cambios en el mapa político, que previsiblemente van a seguir produciéndose, obligan a afrontar la nueva situación con criterios que no pueden ser los mismos que los utilizados hasta ahora. Y que, al menos, nos proporcionen recursos para evitar los riesgos del ‘impasse’ político y del bloqueo institucional.