Ignacio Camacho, ABC, 15/10/12
SI los andaluces no hubiésemos ejercido en 1980 el único «derecho a decidir» que reconoce la Constitución, España habría vivido su desarrollo moderno según un modelo de dos velocidades capaz de provocar una grave quiebra de la solidaridad nacional. No existe ninguna prueba de que el inicial y nonato diseño asimétrico —es decir, desproporcionadamente favorable a Cataluña y el País Vasco— del Estado de las autonomías hubiera bastado para aplacar las reivindicaciones soberanistas, y sí en cambio las hay sobradas de que el simétrico ha servido para equilibrar el crecimiento de la nación entera. La razonable corriente crítica contra el desparrame autonómico la ha provocado la irracionalidad abusiva del despilfarro reciente, pero antes de esa desquiciada expansión la estructura territorial sirvió para redistribuir sin profundos desajustes el inmenso volumen de inversiones públicas que aportó el ingreso en la Unión Europea. España medio resiste hoy la crisis porque en tiempos de prosperidad logró evitar la brecha entre regiones ricas y pobres.
Descontando el exceso delirante de los últimos años, que ha sido más o menos idéntico en todas las comunidades, el Estado autonómico no tiene un problema de simetría o asimetría, sino de lealtad o de deslealtad. Los errores constituyentes que ahora parecen claros a la luz de la experiencia se deben sobre todo a la mala voluntad de los nacionalismos periféricos, que desde el principio han puesto en tensión una estructura en la que siempre se han sentido estrechos. Aceptaron la Constitución como fórmula transitoria pero nunca han dejado de intentar sobrepasarla, y después de que el zapaterismo aflojase las tuercas de la cohesión territorial han considerado llegada la hora de acelerar el proceso de segregación que siempre han tenido en mente. La crisis les ha concedido la oportunidad porque el modelo vigente ha saltado en pedazos debido a su inviabilidad financiera.
Pero una eventual asimetría ya no va a frenar al soberanismo una vez que en su imaginario sentimental ha visto una salida más propicia que consiste en deconstruir el Estado a su mayor provecho. A los separatistas les da igual cómo se organice España porque sólo pretenden obtener la posición de ventaja que les arrebataron el referéndum andaluz y sus consecuencias. El debate federal o confederal les interesa lo justo mientras se puedan asegurar un estatus de privilegio mayor que el que ya tienen; ése es un asunto en el que se han enzarzado los constitucionalistas en tanto se quedan al margen los que lo han suscitado con su envite. Que nadie se llame a engaño; podemos reinventar el Derecho Constitucional entero en busca de una salida imaginativa, pero no habrá soluciones estables —ni siquiera la conllevancia orteguiana— mientras subsista el fondo de deslealtad al proyecto común de convivencia.
Ignacio Camacho, ABC, 15/10/12