Amaia Fano-El Correo

A izquierda y derecha, las formaciones políticas que integran el arco parlamentario español parecen ver clara la necesidad de alinear sus chakras para construir dos bloques ideológicos antagónicos desde donde librar la madre de todas las batallas, que tendrá lugar cuando toque o cuando Pedro Sánchez decida que la temperatura ha subido lo bastante y los astros se han alineado a su favor para que un adelanto electoral le salga a cuenta. Pero antes deberán llegar a acuerdos entre ellas para superar sus aparentemente irreconciliables diferencias. Y en esto, al menos de momento, no parecen dar con la tecla.

Con esa idea, el PP había decidido ofrecer «un acuerdo marco» de negociación a Vox que su líder, Alberto Núñez Feijóo, había defendido como un ejercicio de responsabilidad para garantizar la estabilidad institucional allí donde los números le obligan a entenderse con los de Abascal para gobernar. Sin embargo, la política no es solo aritmética; también es relato, valores y límites. Aceptar un marco negociador implica aceptar que hay consensos constitucionales, institucionales, culturales… básicos. Y ahí es donde Vox encuentra su límite estructural, pues su razón de ser es precisamente impugnar esos consensos. Así que el sonoro portazo a la propuesta de acuerdo no se ha hecho esperar ni 24 horas.

Envalentonado por los últimos resultados electorales y los vaticinios de las encuestas demoscópicas, dice el líder de la fuerza de ultraderecha emergente que establecer un perímetro «como si estuvieran pactando con salvajes» es un mal comienzo para buscar un acuerdo. Traducción: Vox no quiere límites ni acepta que nadie le marque el terreno. Ha entendido que su fuerza no reside en la moderación y que su electorado no le premia por pactar; sino por tensar la cuerda. Lo que deja al PP nuevamente ante la tesitura del «esto es lo que hay: o lo tomas o lo dejas». Y lo que hay es una fuerza política que ha sabido traducir en votos el deseo de una parte significativa del electorado que, ciertamente, demanda políticas más selectivas en inmigración, más firmes en seguridad, una menor presión fiscal y un mayor control del gasto público. La clave está en cómo se traducen esas demandas en medidas concretas, preservando los principios constitucionales y los derechos fundamentales básicos. Y ahí es donde una formación de centroderecha que ha ejercido y ejerce responsabilidades de gobierno, como el PP, se la juega.

Vox ha hecho de la discrepancia su seña identidad y del desacuerdo su combustible electoral y político. El rechazo a la propuesta de entendimiento con los populares refuerza su perfil de fuerza insumisa frente al «viejo partido» que intenta domesticarlo.

La pregunta no es si habrá acuerdo entre ellos a futuro, sino en qué condiciones. El PP sostiene que sabrá modular los planteamientos más extremos de los de Abascal. Pero la experiencia reciente demuestra que las líneas rojas tienden a desplazarse con facilidad cuando la estabilidad de gobierno depende del socio más exigente. Y, de momento, no parece que Núñez Feijóo vaya a ser capaz de embridar a la bestia.