Rubén Amón-El Confidencial
El apocalipsis climático distrae un Consejo de Ministros que encubre las relaciones perversas con Bildu y el soberanismo catalán, incluida la reforma del Código Penal a beneficio de los sediciosos
Bien podría haberse presentado la vicepresidenta Teresa Ribera con un megáfono y un chaleco fosforescente para alertar a los compatriotas de la situación de emergencia… climática. ‘Mayday, mayday’. Y no se refería a la emergencia meteorológica que arrastra el temporal Gloria ni a las secuelas invernales de la borrasca, sino a la amenaza del calentamiento global. Y a las medidas que deben arbitrarse para reaccionar con responsabilidad a las evidencias científicas.
Empieza fuerte el Gobierno. Una declaración de emergencia climática relativiza cualquier contingencia y frivolidad cotidiana. Tanto Ribera anunciaba el apocalipsis —y los remedios mesiánicos—, tanto la comparecencia desdibujaba la enjundia de emergencias domésticas. ¿Qué importancia reviste cambiar el Código Penal para que los sediciosos ahuequen la presión? ¿Qué es al fin y al cabo el pin parental respecto al deshielo de la Antártida y las migraciones masivas?
Montero interpretó el pacto presupuestario con Bildu como un expediente administrativo. Lo desvistió de toda gravedad y relevancia, aunque fuera Sánchez quien había prometido renegar de cualquier acuerdo con el partido ultranacionalista y posetarra. Ya sabemos el valor de la palabra del presidente. Y la efectividad propagandística que adquiere la mención de las derechas cada vez que se le recuerda al líder socialista su relación patológica con la mentira.
¡Emergencia ideológica!, podría haber dicho Montero en su machacona comparecencia del martes ante la prensa, aunque las emergencias específicas que conciernen al porvenir del Gobierno son otras. La economía, que se contrae por encima de lo esperado (así lo indica la previsión a la baja del FMI). Y los Presupuestos Generales, cuya aprobación define un estado no de emergencia sino de indulgencia hacia los compadres soberanistas llamados a refrendarlos.
Pedro Sánchez quiere asegurárselos en verano. Así lo adelantó en la entrevista de TVE. La primera en más de 100 días. Y la más elocuente de su ejercicio de escapismo. No sabemos todavía qué significa desjudicializar la crisis catalana. Eludió, igual que Montero, pronunciarse sobre la tipificación penal de la convocatoria de referéndum. Y no quiso responder a la pregunta más delicada que le hizo Carlos Franganillo en Moncloa: ¿cómo hubiera reaccionado el PSOE si a Mariano Rajoy se le ocurre nombrar fiscal general del Estado al ministro de Justicia?
La razón de la entrevista obedecía a anunciar la reunión física con Joaquim Torra en un ejercicio de blanqueamiento y de homologación. Ya sabemos que se producirá a comienzos de febrero. Y que Sánchez acudirá a Barcelona desprovisto de su disfraz de españolazo, predispuesto al ensayo de la mesa bilateral. El antaño “problema de convivencia” —así lo definía en noviembre— es ahora un problema político que requiere neutralizar la Justicia. Sea profanando la separación de poderes; sea paralizando las iniciativas de la Fiscalía, o sea modificando el Código Penal a medida de los condenados del ‘procés’. Por ejemplo, improvisando la rebaja de los castigos por el delito de sedición. Era un escándalo cuando propuso la iniciativa el defensor del pueblo catalán. Y es una genialidad cuando quien la plantea es el presidente del Gobierno.
La propia Montero tuvo que admitir a regañadientes la reforma del Código Penal con que le urge ERC. La envolvió entre muchas otras novedades —delitos de género y medioambientales—, pero no pudo disimular el atragantón de la jornada. Una pena. Porque se deslució el señuelo de la emergencia climática. Y hasta se dislocó la prioridad de la agenda doméstica: se trataba de anunciar el acuerdo que garantiza el incremento salarial de los funcionarios, aunque resulta paradójico que la primera iniciativa del Gobierno del bien y del progreso consista en pasar a limpio el acuerdo que los sindicatos y Cristóbal Montoro habían alcanzado en 2018…
Pedro Sánchez rehabilita al ministro de Rajoy sin pretenderlo. Y se desmarca de su predecesor acudiendo a la ceremonia de entrega de los Goya, el próximo sábado. Lo anunció Montero. Y es posible que la progresía de la cultura le haga la ola al presidente, aunque bien podría ofrecerse Sánchez a recoger la estatuilla de mejor actor. O al mejor guion adaptado. O a la mejor ficción. O a los mejores efectos especiales.