ALEJANDRO NIETO, ABC – 04/12/14
· Hoy no es admisible que dos partidos cocinen desde la Generalitat el pasado, presente y futuro de Cataluña ni que dos o tres políticos troceen por su cuenta la Península Ibérica. Siguiendo los conocidos argumentos de Rajoy, la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2 de la Constitución). Pero ¿quién puede hablar en nombre del pueblo español?
Mariano Rajoy no quiere dialogar porque la soberanía nacional es irrenunciable. Oriol Junqueras tampoco quiere negociar porque la independencia de Cataluña es irreversible. Artur Mas pone condiciones a los posibles contactos. Pero si no se habla nos quedamos como estamos, aunque con una fuerte deriva hacia la violencia civil. Un laberinto, cada día más agobiante, que parece no tener más que dos salidas: o la intervención del Ejército o la declaración unilateral de independencia, o las dos cosas juntas.
Algunos, quizá la mayoría, instan al diálogo pensando que hablando se entiende la gente. Una operación, sin embargo, nada fácil cuando los protagonistas no quieren. La verdadera dificultad estriba, con todo, en que no sabemos de qué se puede hablar, hasta dónde se puede llegar ni a quiénes corresponde hacerlo. ¿Hay, en efecto, una alternativa que pueda ofrecerse a la independencia? Y, sobre todo, ¿cuáles serían las contrapartidas a una renuncia a la independencia inmediata? Porque detrás del problema catalán está el problema de todas y cada una de las demás comunidades y la amenaza de la desigualdad comparativa, que nadie perdona.
Ahora bien, lo que más interesa en este momento es la determinación de los protagonistas del diálogo, dado que no están legitimados los enumerados al principio. Ya no estamos en los tiempos del tratado de Utrecht o de la Santa Alianza. Hoy no es admisible que dos partidos cocinen desde la Generalitat el pasado, presente y futuro de Cataluña ni que dos o tres políticos troceen por su cuenta la Península Ibérica. Siguiendo los conocidos argumentos de Rajoy, «la soberanía nacional reside en el pueblo español» (art. 1.2 de la Constitución). Pero ¿quién puede hablar en nombre del pueblo español? No, desde luego, el presidente del Gobierno, sino las Cortes generales, puesto que son estas las que «representan al pueblo español» (art. 66.1). Lo cual significa que este asunto no puede ser despachado, y menos en secreto, entre Mas y Rajoy (aunque estén asistidos por Junqueras y Arriola), porque afectando a todos los españoles debe debatirse en público y por los representantes de todos. Los ciudadanos tienen, como mínimo, derecho a enterarse de lo que piensan y dicen, y para eso están las Cortes generales.
Otra cosa sería una usurpación de dos presidentes y de dos partidos políticos que se arrogan facultades que no tienen y que encima se permiten cerrar las puertas de salida. En otras palabras: Rajoy y Mas no pueden negociar con valor constitucional y lo que tienen que hacer es pasar el asunto a las Cortes, si es que quieren que de veras se cumpla la Constitución y no bloquearla, que es lo que están haciendo.
Tal es el verdadero mandato constitucional, al que quiero añadir una modesta precisión propia, a saber: la invocación a las Cortes generales no es para pedir de ellas una decisión inmediata sobre Cataluña. Eso sería prematuro, ya que en la actualidad ni los ciudadanos ni los diputados tienen información suficiente para dar un paso definitivo. El ruido que producen los medios, los tertulianos, las manifestaciones callejeras nos impide enterarnos de lo que sucede realmente y de adquirir un juicio fiable.
El primer objetivo ha de ser, por tanto, el conocimiento real de la situación y la postura sincera de los partidos. Y a tal efecto no bastan las declaraciones de unos personajes ante la prensa o ante sus amigos. Hay que dar la oportunidad a todos los políticos en un debate abierto, cara a cara, con posibilidades ilimitadas de ser contestados y rebatidos. Y ese lugar es cabalmente el Parlamento, donde las personas informan y los partidos «se mojan». Hasta que esto suceda, los españoles únicamente están en condiciones de vivir pasivamente, como si no les afectase, o de adoptar una actitud visceral; y es el caso que, si la razón no les ayuda, vivirán cada día más incómodos y al final terminarán chocando.
Luego, después de ese debate, cuando ya estén debidamente ilustrados, vendrá la hora de las decisiones. Mientras tanto, lo único que puedo decir es que, como elector de Madrid, no autorizo a Rajoy para que hable (o se calle) o decida en mi nombre. Y lo mismo a Mas, si fuere elector de Cataluña. Con la Constitución en la mano, a mí no me representan el presidente del Gobierno ni el jefe de un partido al que no he votado. Únicamente acepto la decisión de las Cortes generales. Ante ellas quedan, por tanto, emplazados todos, y cesen ya las cábalas y maniobras. El «pueblo soberano» ya está cansado.
Esta propuesta no ignora, naturalmente, la posibilidad de que sea falseada o, dicho más claramente, de que se hagan trampas, a las que tan acostumbrados están los ciudadanos. Cualquiera que conozca los reglamentos de las Cámaras sabe lo fácil que es provocar el descarrilamiento (o la paralización, que no se sabe lo que es peor) de un proceso legal y razonable. Los partidos políticos pueden, si quieren, falsear el funcionamiento parlamentario de tal manera que la voluntad de los diputados sea sustituida por la de su partido y esta por la de su jefe, de tal manera que el debate se convierta en una farsa y sigamos como hasta aquí.
No hay que descartar que así suceda; pero también se sabe el precio que tienen las trampas: el fullero pierde su legitimación. Los españoles están deseando que se pongan cuanto antes las cartas boca arriba y saber quiénes están jugando y quienes operan honestamente. Ya están hartos de ambigüedades, fanfarronerías y engaños. Ya es hora de que se cuente con ellos y de que las Cortes les ilustren y les saquen del callejón en que se les ha metido.
ALEJANDRO NIETO ES MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, ABC – 04/12/14