Enfado del juez Pablo Llarena. Mientras, en Waterloo, sacan la calculadora y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, dice en la radio con más audiencia de Catalunya, Rac1, que está convencido de que el expresidente de la Generalitat regresará a España en 2023, una vez recupere la inmunidad como parlamentario europeo. 

Es más que probable que esto suceda y además resulta también conveniente. La kriptonita de Carles Puigdemont y su capacidad de seguir desestabilizando la agenda política radica en su condición de autoexiliado. La reforma del Código Penal pactada por el PSOE y ERC también hace más fácil su regreso, cierto. Aunque en su caso, más allá de lo que se decida sobre su inmunidad, también será decisivo ver cómo el Tribunal Supremo reinterpreta la sentencia a los líderes independentistas condenados en lo tocante a la malversación agravada. Quienes sí pueden hacer las maletas de regreso, si así lo desean, son la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exconsejera de Educación Clara Ponsatí, ya que afrontarán únicamente un delito de desobediencia.

Coincide este asunto con la manifestación unitaria —hacía tiempo que esto no sucedía— convocada por el independentismo, coincidiendo con la cumbre franco-española del día 19. A la cumbre asistirá como invitado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mientras que su partido, con Oriol Junqueras al frente, estará entre los manifestantes para demostrarle al Gobierno de España —ese es el motivo de la convocatoria— que el proceso, al contrario de lo que afirma Pedro Sánchez, no ha acabado. 

Las dos cuestiones —revisión de penas y delitos y manifestación— vistas a la vez alimentan la interpretación de que el independentismo está aprovechando perfectamente el boquete de la despenalización y la necesidad de Pedro Sánchez de cerrar acuerdos con los republicanos para rearmarse y ganar impunidad presente y futura.

La manifestación sería la prueba de cuánto se equivoca el sanchismo yendo de la mano de quienes, pronto o tarde, volverán a la carga con sus objetivos. Lejos de castigar a quienes en 2017 quebrantaron el orden constitucional, se les pone alfombra roja para que vuelvan a hacerlo, dijo ayer el PP. Y, encima, los independentistas se manifestarán para demostrar que no se arrepienten de nada justo en el preciso momento en que se ha visualizado el rédito de sus pactos con Pedro Sánchez. Difícil de masticar, tragar y digerir, cierto. 

Como siempre, todas las afirmaciones maximalistas exigen matizaciones. Hay que partir de la base de que la solución perfecta y definitiva al conflicto político independentista ni existía, ni existe. A lo que podía y puede aspirarse es a que no vuelva a quebrantarse el marco constitucional —como sucedió en 2017— y a recuperar el juego político con las reglas que fija la legalidad. También hay que entender que tan imposible es la independencia como acabar con el independentismo, que sigue teniendo una fuerza electoral más que notable. Así que en el mientras tanto no queda otra que la conllevancia, a la espera de un acuerdo que ataque definitivamente las raíces del conflicto —difícil— o esperar pacientemente al próximo arreón soberanista que, más tarde que pronto, volverá a producirse si la apuesta es el inmovilismo.

Vistas así las cosas, la manifestación para recordarle a Pedro Sánchez que nada se ha acabado —y también la participación de ERC— es entendible, en la medida en que desde la Moncloa se ha insistido, desde la reforma del Código Penal, en que el proceso ya se ha acabado. 

Lo de estar en misa y repicando, que es lo que intenta ERC asistiendo a la manifestación, forma parte del nacionalismo catalán desde el año catapum. Solo hace falta echar la vista atrás, a los gobiernos de Jordi Pujol, para ver que esto siempre ha sido así. El Gobierno de Aragonès hará en esta ocasión lo que hacían los gobiernos convergentes clásicos. El Ejecutivo se comportará institucionalmente y la militancia y los cargos electos, a protestar.

Como falta todavía una semana, es difícil hacer previsiones sobre el grado de movilización del día 19. Pero todo apunta que será una manifestación con suficientes asistentes para ser considerada como tal, pero muy, muy lejos de las movilizaciones masivas que fueron el santo y seña del independentismo durante tantos años. Para considerar esta movilización un rearme del independentismo, hay que ponerle mucha voluntad. De hecho, es un autoexamen muy exigente, puesto que si fracasa la participación de manera notable se le dará la razón a Pedro Sánchez y a su afirmación de que el conflicto está ya finiquitado gracias a su buen hacer político. Lo más probable es que no pase ni una cosa ni la contraria. Habrá suficiente gente para poder afirmar que el elefante sigue en la habitación y, al mismo tiempo, volverá a quedar claro que aun así en estos momentos el independentismo está casi exhausto y para recuperar su buena forma le queda mucho tiempo todavía en el gimnasio. 

Y en lo tocante al nuevo marco jurídico que ha rebajado la factura penal de los líderes del proceso, y comprendiendo que es una píldora amarga difícil de tragar para mucha gente, hay que ser honestos y afirmar que esta era una condición necesaria para poder recuperar un tablero político mínimamente normalizado y que la sociedad catalana —independentistas y no— está premiando a quienes han apostado por ello.

Fíjese el lector que los catalanes no independentistas están mayoritariamente al lado de los socialistas. Salvador Illa ya ganó las elecciones autonómicas, las previsiones para las municipales son excelentes y, de cara a las generales, la gran tabla de salvación de Pedro Sánchez podría ser Cataluña, ya que el PSOE y los socios que va a necesitar para repetir en la Moncloa van a comerse casi todo el pastel de una comunidad que aporta 48 diputados al Congreso. Si el constitucionalismo ciudadano de Cataluña está premiando al PSC y al PSOE, será por algo, ¿no les parece? Otra cosa es cómo se ve el mismo asunto en el resto de España, por supuesto. 

En resumen, y perdonen un texto tan pesado, la coincidencia en el tiempo de la retirada de la acusación de sedición y la manifestación del 19 permite discursos grandilocuentes sobre la reactivación del soberanismo. Pero no van por ahí los tiros. Lo cierto es que este sigue en su peor momento desde 2012 y que ni una cosa ni la otra suponen puntos de inflexión de ninguna clase. 

La frustración es razonable para quien pensaba y piensa que hay un modo de acabar de manera efectiva y para siempre con este problema. Pero solo puede llegar a esa conclusión quien se niega a mirar de cerca y a tratar de entender la realidad social y política de Cataluña. Quienes hablan de oídas o solo desde su propio deseo, vaya.