EDITORIAL ABC 11/10/13
· El Gobierno no puede ni debe ser políticamente neutral ante actos públicos como el convocado mañana en Barcelona, de lealtad constitucional y defensa de la unidad nacional.
La mera convocatoria de una manifestación por la unidad de España en Barcelona, para mañana, día de la Fiesta Nacional, representa un éxito de voluntad y determinación por parte de la plataforma organizadora, «Som Catalunya, somos España». En cualquier otro punto de la geografía nacional, el éxito del acto estaría condicionado al número de asistentes, pero los convocantes de esta manifestación han lanzado su iniciativa con todo en contra: la hegemonía nacionalista en los medios de comunicación, la presión del frente separatista y la autocensura de amplios sectores sociales que no quieren desmarcarse del discurso oficial secesionista. En estas condiciones, es, en efecto, un éxito que una plataforma cívica lidere la reivindicación de algo tan normal como el carácter español de Cataluña. El Partido Popular, Ciutadans y UPyD se han sumado a esta manifestación, confirmando en la calle lo que representan en las instituciones y en la vida política.
Ahora bien, el nacionalismo catalán, pese a sus divergencias tácticas, mantiene su estrategia separatista con un programa planificado de resoluciones parlamentarias, comisiones por el «derecho a decidir», comités asesores y demás parafernalia, que sigue implantándose sin que reciba una respuesta legal en los tribunales, pese a que, por ejemplo, un solo euro invertido en este proceso separatista es un delito de malversación. Por tanto, frente a esta definida agenda separatista, el acto convocado para mañana en defensa de la unidad de España no es suficiente para deslegitimar el proceso de sedición impulsado por Artur Mas. Representa, sin duda, un admirable esfuerzo por sacar a la calle a catalanes habitualmente huérfanos de voz y presencia política. Pero la respuesta al secesionismo necesariamente tiene que ser mucho más compleja, sólida y ambiciosa; y, sobre todo, correr a cargo del Gobierno de la Nación.
Mientras el proceso por la consulta separatista cuente con el pleno respaldo de la Generalitat catalana, de diputaciones y de ayuntamientos, el Ejecutivo central no puede ni debe ser políticamente neutral ante actos públicos de lealtad constitucional y defensa de la unidad nacional. Hace bien el Ministerio del Interior, porque es su obligación legal, en evitar que elementos de ultraderecha violenta puedan acceder a la capital catalana para provocar incidentes. Su presencia es indeseable cuando de lo que se trata es de reivindicar, en definitiva, el orden constitucional tan despreciado por ellos como por el nacionalismo catalán. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno tiene la obligación política de respaldar públicamente a aquellos con los que comparte el objetivo de una España unida, en el marco de la Constitución aprobada por la soberanía nacional.