La frase más sugestiva del padrenuestro es “no nos dejes caer en la tentación”. Para cada uno de nosotros hay una tentación irresistible, de la que no podríamos librarnos con nuestras propias fuerzas. Por eso rogamos a Dios que no nos someta a esa prueba de la que saldremos inevitablemente vencidos: ¡ahórranos la derrota! Schopenhauer interpretaba ese “no nos dejes caer en la tentación” como otra súplica: “No me reveles quién soy”. Me creo recto y virtuoso, pero de repente, inopinadamente, algo me tienta y descubro los límites de esa excelencia de la que me enorgullecía, mi íntimo parentesco con el cieno, no con el cielo… Una lección que servirá para purificarme de todo orgullo, arrepentirme no sólo de lo que soy, sino de lo que —¡Dios no lo quiera!— podría llegar a ser y obtener el perdón radical, mi rectificación. Lo que pedimos en la oración fundamental es librarnos del mal, ser rescatados de nuestro parentesco con lo que la ley prohíbe. Pero no se reza para que la ley desaparezca o para que lo prohibido deje de estarlo. No conozco la psicología de Dios, pero creo que tiene fama de magnánimo: sin embargo, no rogamos de su magnanimidad que convierta lo malo en bueno, sino que nos dé la oportunidad a quienes hemos resbalado por la tentadora ladera del mal de trepar de nuevo hasta la posibilidad de lo mejor. La indulgencia que esperamos no consiste en borrar la ley, sino en borrar de nuestra alma las consecuencias de haberla transgredido.

Perdonen esta ingenua excursión por la teología amateur, pero se me hace más fácil entender el significado de la culpa y el arrepentimiento que nos rescata de ella en lenguaje religioso que jurídico: prefiero la gracia a la póliza. Hay algo no ya de asombroso sino de perverso en pretender que la concordia debe conseguirse anulando la ley y descartando la condena de quienes han hecho caso omiso de ella. Esa concordia que algunos esperan conseguir por esta vía paradójica… ¿A qué dará lugar? Sin duda a otra ley, porque el establecimiento de la legalidad es la forma de convivencia civilizada en la sociedad moderna. Y esta nueva legalidad, la que convierte la antigua tentación en mérito, tendrá también sus transgresores, a los que los magnánimos del nuevo orden deberán a su vez indultar para no incurrir en agravio comparativo. Este procedimiento socava e imposibilita el establecimiento de un fundamento legal para la sociedad española, no sólo catalana. Como se ha repetido con razón tantas veces (vamos, principalmente lo he repetido yo, pero si quiere puede usted también unirse al coro), en democracia se da el derecho a la diferencia, pero nunca la diferencia de derechos. No hay derechos distintos porque no hay ciudadanos diferentes según su origen o adscripción territorial. Por cierto, esto es lo que significa la unidad del país, no ninguna engolada trascendencia metafísica. Dentro de un solo país con una única Constitución cabe una variedad administrativa de aplicaciones legales según variedad de circunstancias. Lo inadmisible es que la aplicación de sanciones a quienes incumplen a sabiendas la Constitución y rechazan la unidad de la ciudadanía sea considerada como “venganza” o “resentimiento”.

Por lo visto el Gobierno, con gran esfuerzo inventivo, pretende justificar los indultos como medio para “fomentar la convivencia en Cataluña”. Creo que esta justificación es peor que los indultos mismos. Lo que fomenta la convivencia democrática es el respeto y el temor a la norma compartida: vivir en democracia es no tener que obedecer los caprichos de nadie, sino solamente lo establecido por la Ley. Si los arrebatos, pasiones y obcecaciones identitarias de un grupo de ciudadanos que no admiten ser iguales a los demás (y que entienden su libertad como la de no ser iguales a los otros) adquiere tanto peso en la convivencia como la pauta constitucional, la democracia legal queda suspendida —o abolida, quién sabe— para verse sustituida por una olla podrida sentimentaloide en la que bullen leyendas históricas, agravios más o menos imaginarios, diferencias culturales acuñadas como irreductibles por quienes cobran por ello, etc. La isonomía esencial del sistema democrático se trueca en una disforia cívica que lleva a la división y el enfrentamiento de la ciudadanía. Y a ese disparate criminógeno, cuyos efectos en la España del pasado reciente o algo más lejano conocemos demasiado bien, se la reviste con la hopalanda de la magnanimidad y se la arropa con el manto de la concordia, lo mismo que el bruto que espía y maltrata constantemente a su cónyuge lo hace en nombre de su irresistible amor.

El Gobierno de Sánchez se presenta a la opinión pública como forzado a tomar medidas arriesgadas por la intransigencia combinada de los independentistas unilaterales y la derecha anticatalana. Sus corifeos y coriguapos mediáticos le jalean en este dilema entre exaltados, apoyando los indultos, la mesa de diálogo y lo que venga después. Cuanta desvergüenza. La culpa de la derecha en el problema catalán es la misma que la de la izquierda, falta de resolución al aplicar las medidas legales, educativas y mediáticas efectivas que habrían podido detener el desarrollo del mal cuando aún se encontraba en sus primeras etapas. Ahora se presentan los indultos como la única respuesta al “algo habrá que hacer” frente al conflicto. Ya que no se puede afrontar realmente el mal, por lo menos tratemos de hacernos simpáticos a los malos para que sigan prefiriendo apoyar al sanchismo que desestabilizarlo provocativamente. Por supuesto todos sabemos, en primer lugar los que van a concederlos, que los indultos no tienen la mínima posibilidad de resolver nada: los indultados no piden ese beneficio, lo toman como una muestra de debilidad que se han ganado gracias a su arrogancia rebelde y no a su arrepentimiento, con ellos confirman que no deben ceder ni enmendarse, que van por el camino debido. Pero entonces, volvemos a los corifeos y coriguapos, ¿qué puede hacer el Gobierno de Sánchez, mirando a los ojos de los catalanes nacionalistas —la vicepresidenta Calvo dixit—, salvo indultarlos a ver si hay suerte y se portan bien?

Por supuesto, a los catalanes no nacionalistas, que se saben españoles y no viven de quimeras, a esos no se les mira a los ojos; y al resto de los españoles, que se quieren tan catalanes como del resto de su país, aún menos. Nadie se atreve a decir lo obvio a los mimados rebeldes: la independencia unilateral no cabe en nuestro ordenamiento legal; los coloquios con independentistas para discutir sobre lo que pertenece a toda la ciudadanía española, aún menos; a quienes insistan en la sublevación de hecho, les espera el 155, los tribunales, la condena y una pena de cárcel sin indultos. Ya se les ha aplicado una vez ese tratamiento, con mucha vaselina, y la próxima vez ho tornarem a fer pero más a las bravas. Lo demás es una pérdida de tiempo y un indebido menosprecio a los catalanes que se saben y se quieren españoles.