JUAN VICENTE HERRERA – EL MUNDO – 18/04/16
· No se ha producido aún la reforma del sistema de financiación autonómica; Hacienda debe tenerlo en cuenta al juzgar el comportamiento de nuestras cuentas públicas, según el autor.
El cierre de las cuentas públicas de España en el ejercicio 2015 ha reabierto un complejo debate, que sin duda es obligado, por los compromisos de estabilidad asumidos en el marco de la UE, pero que también se presta a análisis simplistas, juicios precipitados y, en definitiva, a una confrontación estéril, todavía más en estos momentos de incertidumbres políticas que estamos viviendo.
Para empezar, resulta tan paradójico como lamentable que los términos más alarmistas de este debate estén ocultando lo que sin duda es un éxito fruto del esfuerzo de todos. En particular, del de todos los ciudadanos españoles, cuyo sacrificio, coraje y sentido de la responsabilidad ha logrado estos últimos cuatro años reducir a la mitad el inasumible déficit público con el que España cerró 2011. La meta aún está lejos, pero no es razonable olvidar o despreciar el camino recorrido.
Con toda lealtad, considero que el Ministerio de Hacienda se equivoca cuando, al informar públicamente de los datos presupuestarios de 2015 del conjunto de las Administraciones españolas, se apresura a establecer una culpabilidad: la de las comunidades autónomas, y a adoptar sobre la mayoría de ellas unas medidas, que aunque legales, prescinden totalmente de la necesaria valoración de las causas y los resultados del problema al que tenemos que enfrentarnos.
Y es que, cuando 14 de las 17 comunidades autónomas no hemos logrado alcanzar en 2015 el objetivo de déficit fijado, algo grave está pasando, que va mucho más allá de esa inexistente y general relajación del control del gasto que se nos quiere imputar. Y cuando una comunidad como Castilla y León, que a lo largo de todos estos años tanto se ha esforzado con dificultades y éxito por cumplir sus límites de déficit y de endeudamiento, no ha podido hacerlo en 2015, pese a que sus datos sigan siendo mejores que la media, algo grave está pasando también.
Pues bien, sin querer dar lecciones a nadie ni ser lógicamente exhaustivo en un sencillo artículo de prensa, con la humildad de quien reconoce que muchas cosas se pueden hacer mejor (como nos demuestran las comunidades cumplidoras, y Galicia especialmente entre ellas, por estar sometida a un régimen fiscal común), y desde mi humilde y veterana experiencia de presidente de Castilla y León, quiero aquí referirme a algunas de esas cosas graves que están afectando a las cuentas autonómicas.
El actual sistema de financiación autonómica ha fracasado y está caduco. Es algo en lo que todos coincidimos, incluidos los partidos y comunidades que más influyeron en su nacimiento. Se concibió sólo como un instrumento parcial para nuestra financiación, porque en 2008 y 2009 se consideraba «normal e ilimitado» que usáramos también el déficit y la deuda. No olvidemos que la primera respuesta que decidió darse a la crisis fue precisamente la del gasto y la inversión públicos.
El principal defecto del sistema ha sido, nada más y nada menos, que el de ser insuficiente para mantener el nivel y la calidad de los servicios de competencia autonómica que debía financiar. La enorme caída de los ingresos por motivo de la crisis, las crecientes obligaciones de estabilidad, y la tensión de un mayor gasto social esencial para atender a las personas y familias más dañadas por la crisis, son algunas de las causas que han contribuido a esa objetiva insuficiencia.
Pensemos por ejemplo en Castilla y León y en 2015. Los recursos del sistema de financiación nos aportaron el pasado año 400 millones de euros menos de lo que fue tan sólo el gasto real de los tres servicios públicos más fundamentales que gestionamos: Sanidad, Educación, y Servicios Sociales y Dependencia. Un gasto que además habíamos ajustado mucho en años previos. En nuestro caso tampoco puede olvidarse que el último sistema de financiación dio un paso adelante más en una valoración del coste de los servicios basada tan sólo en la población absoluta, minusvalorando otras circunstancias tan determinantes como el envejecimiento de esa población, o la superficie y ruralidad de la comunidad.
Cuando se explica que la atención sanitaria a un mayor de 70 años tiene un coste que multiplica por siete la de un joven o un adulto menor de esa edad, o cuando se demuestra que la educación infantil y primaria de un niño de un pueblo tiene un coste del 40% más que la de ese mismo niño en una ciudad, creo que se entiende bien lo que digo.
Pues bien, en estos años no se ha producido la urgente y prometida reforma del sistema de financiación autonómica. Se nos ha repetido por el Gobierno, y hemos entendido con responsabilidad, que la gran prioridad de España, por encima de otras, era la de salir de la crisis, momento a partir del cual sí podría abordarse ese proceso de evaluación y reforma de nuestra financiación. Parece coherente pedir ahora al Ministerio de Hacienda que, en correspondencia a ese ejercicio de quita y espera, se tenga todo esto en cuenta a la hora de juzgar sumarísimamente el comportamiento más reciente de nuestras cuentas públicas autonómicas.
Otra cuestión no menor es la que se refiere a la distribución que en estos años se ha hecho entre los distintos niveles de la Administración del esfuerzo de reducción de déficit asumido por el conjunto del Reino de España.
La nuestra es una comunidad integradora y leal, que siempre ha pretendido administrar con austeridad y eficacia los escasos recursos públicos, y que busca el acuerdo y nunca el enfrentamiento. Pero no hemos podido apoyar en los últimos años en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera el reparto del déficit entre los distintos actores de la gestión y el gasto público.
La Constitución de 1978 atribuye a las Autonomías un buen número de competencias. Y entre ellas las de gestión de algunos de los servicios públicos más fundamentales, que conforman buena parte de lo que llamamos sociedad del bienestar. Como es bien sabido, esos servicios suponen un gasto muy estructural y poco flexible, que sin embargo ha estado también sometido a significativas tensiones, ajustes y recortes durante todo el periodo de crisis, pese a la prioridad política y presupuestaria que algunos les hemos dado frente a otras áreas de la actividad pública.
Las competencias autonómicas suponen, según dicen los expertos, entre el 33% y el 35% de todo el gasto público en España. Del de todos sus niveles de Gobierno y Administración. Parecería pues muy razonable que las comunidades tuviéramos señalados unos objetivos anuales de reducción del déficit similares a esos porcentajes de gasto asignados. Es decir, que todos fuéramos tratados justamente en ese difícil esfuerzo, y nadie jugara con ventajas.
Sin embargo, eso no está siendo así. Por ejemplo, en 2015 el objetivo de déficit establecido para las comunidades fue del -0,7%, en relación con el global fijado para España del -4,2%. Resulta por tanto que el pasado ejercicio las Autonomías gestionamos la tercera parte de todo el gasto público de la Nación, pero se nos quiso sujetar a tan sólo el 16% del posible déficit. Una distribución proporcional, equitativa y justa de éste, tal y como muchos pedimos en su momento, nos debería haber atribuido un mayor margen, y por tanto unas mayores posibilidades de cumplimiento. Baste recordar que en 2015 la tercera parte del objetivo de déficit de España equivalía al -1,6% del PIB, que precisamente ha sido el déficit medio de las comunidades, que en el caso de Castilla y León se contrajo hasta el -1,3%.
Parece por tanto entendible que estos argumentos sobre el desigual reparto del déficit, lo mismo que los de la insuficiencia del sistema de financiación, se tengan en cuenta hoy a la hora de analizar, valorar, y buscar soluciones que permitan dar una continuidad posible y positiva al esfuerzo de consolidación y estabilidad de las cuentas públicas, que los españoles hemos realizado en estos cuatro últimos años.
Quedan en el tintero otras reflexiones sobre la importancia que para el mejor futuro de todas estas cuestiones, y por lo tanto del propio sistema autonómico que diseñó la Constitución del 78, tendría avanzar en unas bases de armonización fiscal, que eliminaran los perversos efectos para nuestros ingresos derivados de la competencia tributaria entre comunidades. Así como mejorar en el estricto respeto del principio de lealtad institucional, que por ejemplo debería ayudarnos a considerar como verdaderas cuestiones de Estado, y no como simples conceptos contables a efecto de déficit, grandes decisiones políticas que todos compartimos. Como la de dar todos absoluta prioridad a la atención sanitaria de determinados colectivos de enfermos. O la de reponer todos al mismo tiempo las condiciones laborales y retributivas de nuestros empleados públicos.
Todas estas reflexiones no pretenden ser, de ninguna manera, ni un pliego de cargos, ni un memorial de excusas. Tan solo son argumentos para contribuir a una visión política y a una búsqueda de soluciones también políticas a este debate sobre el cierre de las cuentas públicas de España en el ejercicio 2015. Un debate que creo no puede reducirse a una precipitada asignación de culpas, ni a la adopción urgente de medidas y sanciones técnicas y financieras, por muy legales que sean.
Juan Vicente Herrera es presidente de la Junta de Castilla y León.