Editorial, EL PAÍS, 11/10/11
Disolverse es lo que ETA puede hacer por sus presos para que la sociedad acepte su reinserción
Cuando ETA asesinaba a razón de un muerto a la semana, uno de sus dirigentes «históricos», Peixoto, aclaró en una entrevista el significado auténtico de la consigna de amnistía. Significa que «el Gobierno español reconozca que la lucha que hemos mantenido (…) ha sido correcta y que en cambio la represión que se ha desplegado contra nosotros ha sido injusta». Mucho han cambiado las cosas desde 1982, pero los presos de ETA han vuelto a invocar la amnistía en su adhesión a la Declaración de Gernika, y la hipótesis de un próximo anuncio de retirada de ETA ha suscitado debates sobre el significado actual de esa consigna. Asunto que parece ser motivo de discrepancia entre los principales partidos interesados en un final de ETA sin contrapartidas políticas: PSOE, PP y PNV.
La Constitución contempla la facultad real de ejercer el derecho de gracia «con arreglo a la ley», precisando que esta no podrá «autorizar indultos generales». La diferencia entre amnistía e indulto es que la primera implica anular no solo la pena sino el delito. Por tanto, suele admitirse que si no puede haber indultos generales, menos podrá haber amnistías generales. Pero es un tema que algunos juristas discuten.
Sin embargo, incluso si en teoría fuera posible, sería inadmisible aplicarla a los condenados de ETA. Borrar el delito puede tener sentido tras una dictadura. Aplicarlo ahora sería volver a la doctrina Peixoto: la justificación del terrorismo como una opción política «correcta».
La cuestión sería, por tanto, si son posibles medidas de gracia no generales, y en qué condiciones. En el caso de la autodisolución de ETA (pm), se forzó bastante la ley pero fueron medidas individuales, no un indulto general. Por otra parte, durante años se intentó convencer a los de ETA de que aceptaran un acuerdo en términos de paz por presos, y no, como planteaban ellos, de paz por alternativa KAS, o sea Navarra y autodeterminación.
Esto caducó definitivamente con la bomba de la T-4, y las asociaciones de víctimas, con fuerte apoyo ciudadano en esto, se han convertido en barrera contra cualquier vuelta a aquella fórmula. Sin embargo, tiene fundamento el argumento reciente del exlehendakari Ardanza: «Una vez que desaparezca ETA (…) mientras haya presos de ETA en las cárceles el problema no se habrá resuelto». Es decir, no sería un fin irreversible. Pero también hay experiencia de que si se les ofrecen medidas de gracia lo consideran un derecho y pasan a exigir la negociación política.
Estamos en el filo de la navaja. Las medidas de gracia solo serán posibles, venciendo las lógicas resistencias sociales, cuando se evidencie que el fin de ETA es irreversible. Pero ETA se niega a dar ese paso sin medidas de gracia. Probablemente la clave será que los de Otegi logren convencer a los de las pistolas de que lo que pueden hacer por sus presos es disolverse, para que empiecen a correr cuanto antes los plazos necesarios para que la población acepte medidas de reinserción y de gracia.
Editorial, EL PAÍS, 11/10/11