El Congreso de los Diputados se salvó ayer de vivir un momento sin precedentes en nuestra historia democrática: la irrupción del Poder Judicial en un pleno del Poder Legislativo suspendiendo una votación que estaba prevista en el orden del día. El Tribunal Constitucional aplazó su pleno extraordinario convocado para responder al recurso de amparo presentado por el PP la tarde del miércoles con el fin de evitar la tramitación de la reforma del sistema de elección de los jueces del tribunal de garantías. El aplazamiento dejó sin efecto de forma provisional la maniobra obstruccionista urdida por el brazo jurídico de la derecha política. La petición del PP de medidas cautelares y cautelarísimas —es decir, que el Tribunal pudiera decidir suspender sin escuchar a la otra parte— sigue viva y el riesgo de una colisión institucional inédita en esta democracia volverá a vivirse el lunes cuando el Constitucional retome el pleno en el que los conservadores tienen mayoría (hay seis elegidos a propuesta del PP y cinco del PSOE). La reforma se aprobó ayer en el Congreso, pero aún debe votarse en el Senado el próximo día 22.

La decisión por tanto sigue en manos de un Tribunal que tiene, además, un conflicto de intereses interno. Cuatro de los magistrados que deben decidir sobre la tramitación de la reforma están directamente afectados por ella porque la renovación de sus cargos caducados depende de que prospere o no. Entre ellos se encuentra el propio presidente del Constitucional. El tribunal tiene asignadas funciones de control de constitucionalidad de las leyes una vez han sido aprobadas, pero adelantarse a su aprobación e impedir el trabajo parlamentario supondría una extralimitación de funciones que lo deslegitimaría seriamente, además de que difícilmente encontraría acomodo en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Conviene recordar cómo se ha llegado a una situación de esta gravedad. Ante la resistencia del CGPJ, también caducado desde hace cuatro años, a nombrar sus candidatos a renovar el Constitucional, el Gobierno adoptó un procedimiento expeditivo y cuestionable para incluir en la reforma exprés del Código Penal la norma que permitiría desbloquear los nombramientos. De acuerdo con la reforma, si pasados tres meses los nombramientos que corresponden al CGPJ no se alcanzan por acuerdo de tres quintos de sus miembros, se nombrará a los dos candidatos más votados, sin necesidad de ninguna mayoría cualificada y sin el requisito de quórum.

La excepcionalidad del día de ayer —y la posibilidad de que esa excepcionalidad se materialice el lunes— es un reflejo del insostenible atrincheramiento que vive el Poder Judicial en estrecha connivencia con el PP. Perpetuar a toda costa sus mayorías conservadoras en el gobierno de los jueces sigue siendo objetivo irrenunciable de la derecha, a pesar de las reiteradas recomendaciones de la UE para deponer su abierta insumisión constitucional. Para ello, parece dispuesto a llevar hasta el límite las costuras del sistema en una peligrosa maniobra de desestabilización y descrédito de las instituciones.

Al utilizar una vía de urgencia como la proposición de ley, el Gobierno ha privado a la ciudadanía del debate reposado que merecen asuntos como la reforma de la sedición, la malversación y la renovación del Constitucional. Vías que se han utilizado en otras ocasiones y que los mecanismos de la democracia —el propio TC— han corregido o censurado. Pero entre un atajo legislativo y un intento de sabotaje del trabajo de las Cortes españolas hay un larguísimo recorrido. A estas alturas hay que apelar a la responsabilidad y a la autoestima del Constitucional para evitar ahondar esta gravísima crisis entre instituciones.