Editorial, EL CORREO, 25/1/12
El ministro de Interior dejó claro que solo la desaparición de ETA podrá flexibilizar la aplicación de la legislación penal y penitenciaria
El encuentro entre el nuevo ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el consejero vasco Rodolfo Ares devolvió ayer las aguas siempre agitadas de la estrategia antiterrorista al cauce de la imprescindible sintonía entre los Gobiernos central y autonómico. El ministro zanjó la polémica suscitada por unas declaraciones suyas sobre la posibilidad de que ETA estuviera reorganizándose en el plano logístico constatando algo que está fuera de toda discusión: que la banda terrorista pretende «mantener una estructura larvada en la clandestinidad». Es lo que indica el hecho de que su cese definitivo de actividades terroristas no haya conllevado su disolución. Puede resultar ocioso especular sobre la reversibilidad del proceso iniciado con el anuncio etarra del pasado 20 de octubre, y nocivo alentar la hipótesis de que la violencia física vuelva a hacerse presente. Pero la responsabilidad indeclinable de las instituciones democráticas y de los partidos es denunciar cualquier actuación que vaya en contra del unánime anhelo de paz y convivencia. Porque en nada contribuye a la paz y a la convivencia pasar por alto la reciente detención en Francia de tres presuntos miembros de ETA armados y en posesión de material para fabricar explosivos, o la insolencia con la que otros supuestos etarras se pronuncian al ser enjuiciados en la Audiencia Nacional. Lo cual se suma a la cruel conversión del eventual reconocimiento del daño causado a las víctimas del terror en baza para la pretendida negociación «con los Estados español y francés». En una nueva muestra de su proclividad a sacudirse responsabilidades, la izquierda abertzale declaró ayer que el Gobierno Rajoy «quiere hacer posible la regresión a un estadio de conflicto armado». En otras circunstancias tal manifestación hubiera sido recibida como amenaza. Hoy obliga a recordar a la izquierda abertzale que debe proceder con urgencia a su propio desarme verbal como aportación ineludible para que ETA entregue las armas y anuncie su desaparición. Esto último fue el requisito que Fernández Díaz estableció en su visita a Euskadi para que la aplicación de la legislación penal y penitenciaria pueda flexibilizarse. El mensaje quedó claro: la responsabilidad no es del Gobierno sino de ETA.
Editorial, EL CORREO, 25/1/12