Aunque apenas goce de presencia en la conversación nacional, el absentismo laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas estructurales de la economía española, con cifras récord que obligan a los poderes públicos a hacerse cargo de esta deficiencia mayúscula.
Según los datos recopilados por el informe sobre el impacto económico del absentismo laboral, publicado por la Fundación Civismo este martes, cada día cerca de 1,5 millones de españoles no acuden a su puesto de trabajo, de los cuales 1,2 millones lo hacen por incapacidad temporal.
El coste agregado del absentismo supera los 45.000 millones de euros al año, equivalente al 3% del PIB. La magnitud de estas cifras se aprecia mejor si se considera que se trata un gasto muy superior a lo que el país invierte en políticas activas de empleo, universidades o innovación.
La Seguridad Social destina más de 15.000 millones de euros anuales (alrededor del 1% del PIB) a cubrir prestaciones por incapacidad temporal. Es decir, casi el doble de recursos públicos que la media de la Unión Europea.
Y ello repercute directamente en la sostenibilidad de las cuentas estatales, limitando la capacidad de invertir en áreas estratégicas para el desarrollo.
Pero también las empresas soportan una carga considerable.
Sólo en 2024, el coste directo para el tejido empresarial superó los 4.600 millones de euros, un 62% más que en 2019.
Este impacto se agrava en las pymes (que representan el 99,8% del total de las empresas españolas) y en sectores clave como sanidad, transporte e industria, donde los costes asociados a la sustitución de personal y la pérdida de eficiencia resultan especialmente críticas.
Naturalmente, el absentismo contribuye a ampliar la brecha de productividad que España mantiene con respecto a los principales países europeos.
No en vano, la presidenta de la AIReF, durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de El Español e Invertia, alertó de que el absentismo por enfermedad en España es un 68% superior a la media de la UE y está tensionando las finanzas públicas.
Y recordó que España es el segundo país, detrás de Portugal, con mayor tasa de absentismo debido a enfermedad.
Esta asimetría la ilustra principalmente la diferencia de duración media de las bajas médicas, que en nuestro país supera los 40 días, frente a los entre 25 y 30 de Alemania o Países Bajos.
Si no se aborda el problema, España seguirá soportando un sobrecoste anual de unos 5.000 millones de euros respecto a la media europea. Un gasto desorbitado que pone en riesgo la financiación de infraestructuras, educación e innovación, y lastra la competitividad nacional.
No tiene ninguna lógica que el país con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea sea también uno de los que más horas efectivas de trabajo pierde.
Como tampoco que, en uno de los países que menos euros produce por hora trabajada, el Gobierno esté aplicado a acortar la jornada laboral. O, como hizo en 2023, a aprobar modificaciones legislativas que amplíen las causas médicas de incapacidad temporal, como la menstruación dolorosa.
La falta de control y eficiencia en la gestión de las bajas, así como el escaso desarrollo de políticas de reincorporación, explican buena parte de la divergencia frente a nuestros vecinos europeos.
Por tanto, es posible tomar medidas paliativas tanto en el ámbito de la prevención, reduciendo los riesgos laborales, implantando revisiones médicas tempranas o replanteando los convenios colectivos para acortar la duración media de las bajas; como en el nivel de la supervisión, con recursos como la digitalización del sistema de bajas; como en el plano de la rehabilitación, con planes obligatorios de reincorporación y un facilitamiento del acceso de los trabajadores a la atención sanitaria necesaria para acelerar su recuperación.
Tanto la patronal como los sindicatos coinciden en que el absentismo laboral entraña un problema de primer orden para nuestro mercado de trabajo que urge abordar. Sólo falta que los legisladores se pongan manos a la obra y ayuden a las empresas y a las administraciones públicas a ahorrar miles de millones y avanzar hacia un modelo económico más eficiente y competitivo.