Eduardo Uriarte-Editores
En este año dado a tan singular y manipulada rememoración de condena de Franco se están dando situaciones manifiestamente parecidas a las que ocurrían durante la dictadura. Es como si su puesta al día diera causa a los actuales jerarcas del poder a llevar adelante actuaciones que conocimos aquellos jóvenes que de verdad nos comprometimos en acabar con la ignominiosa dictadura de aquel personaje. Por ejemplo, que los sindicatos se convoquen para salir a la calle, cual los sindicatos verticales del Movimiento, a protestar contra la oposición no lo había visto desde entonces, y que los jerarcas de la cultura tengan a bien promocionar a un importante premio a una actriz, símbolo del identitarismo dominante, evidentemente por su capacidad interpretativa, pero que posteriormente no sea tan admirada por unas declaraciones poco woke de hace una década, me recuerda a cuando fui a pedir una beca de estudios y el responsable, del Movimiento, por supuesto, al negármela me dijo: ”es que su padre tiene antecedentes políticos”. El mismo ambiente, poco más o menos, aunque se consideren polos opuestos (nunca entenderán lo de la unidad de los contrarios, no pasaron tiempo en la cárcel para leer).
Gobernaba la derecha, antes de que se la tachara de extrema, cuando en una comida coloquio en la Sociedad Bilbaína Almunia calificó nuestra democracia de baja calidad. Le expresé mi desacuerdo y ciertamente disgusto a un amigo (Xabier Garmendia) de los tiempos de Euskadiko Ezkera, argumentando que por el hecho de que gobernase la derecha no se podía descalificar al sistema. Pero ahora me veo yo, tras el paso de un compañero del susodicho conferenciante por el Gobierno, sentenciando que nuestra democracia está hecha girones.
Sería inconcebible en un sistema político estable, serio, no sólo en un delicado sistema como es una democracia, situación tan esperpéntica como la española donde la política se realiza al dictado de un prófugo de la justicia por sedición, amnistiado a cambio de su apoyo al actual Gobierno, pendiente de enjuiciamiento por malversación, que entra y sale del país a la vista de miles personas. Esta es una democracia que vive en la excepción y en continua emergencia, y una democracia que resiste sin presupuestos generales y mediante decretos ley no es democracia. Una democracia que ante una situación excepcional y de urgente necesidad, como el desastre provocado por las inundaciones en Levante con dos centenares de muertos y miles de damnificados, rechaza el estado de emergencia, posiblemente con el ladino fin de dañar a la oposición, certifica que no es una democracia. Democracia no es sólo el hecho formal de ir a votar, ahí tenemos Rusia o Venezuela.
El republicanismo moderno que posibilitó la democracia se fundó, sobre un previo consenso nacional -el conocido discurso de Burke a sus electores escoceses-, en el imperio de la ley y el control del presupuesto. Un estado sin presupuesto y el fiscal general ante los tribunales, como hito del desprecio a la ley, ni es república ni es democracia. Es autocracia, aunque lo sea en nombre del “progreso”.
En las Cortes orgánicas de tiempos del Caudillo se cobraba por enmienda presentada a las iniciativas legislativas procedentes del Pardo -que luego se retiraban antes del pleno y los acuerdos, salvo algunas excepciones individuales (del tercio familiar) en los años setenta, eran por aclamación y aplauso- dudo mucho que se presentaran “decretos ómnibus”, pues en los modos solían ser más formales. El decreto ley es un instrumento del Gobierno excepcional, “en caso de extraordinaria urgencia y necesidad” (art, 86 CE) y en el caso de diferentes aspectos englobados éstos deben de estar relacionados, lo que no ocurre ni en decretos “ómnibus” ni en el “microbús” (¿dónde están los letrados del Congreso?, ¡ah!, cambiaron al letrado mayor proveniente de La Moncloa). Es necesaria la urgencia para que la materia pueda ser objeto de decreto, pero, además, la calificación de ómnibus o microbús desautoriza la naturaleza del decreto ley. Ni el Caudillo accedía a cotas tan aberrantes de arbitrariedad.
Es la arbitrariedad la madre de este sin dios legislativo, porque mediante el decreto lo que permite al Ejecutivo es librarse de los filtros institucionales que todo proyecto de ley debe soportar. Se cuela el palacete de los jelkides o lo que se quiera colar. Ahora vendrá otro con la transferencia de la competencia de inmigración en Cataluña y su Concierto Económico, encubierto con el incremento -la deuda lo paga todo- de aportación al resto de las autonomías. A ver qué es lo que hace Feijoo.