Merecemos perder Cataluña. Esa cochina prensa madrileña está haciendo la misma labor que con Cuba. No se entera. Es la bárbara mentalidad castellana, su cerebro cojonudo (tienen testículos en vez de sesos en la mollera)». Si salimos a la calle a preguntar quién ha podido afirmar esto, seguro que muchos responderán que algún peligroso bolivariano. Don Miguel de Unamuno, que escribió esas palabras en una carta a Azorín en 1907, tenía algunas cosas en común con Simón Bolívar, como la ascendencia vasca y cierta cultura liberal-republicana. Por otra parte, es bastante ilustrativo de hacia dónde se mueve el mundo el hecho de que, hoy en día, para muchos, Bolívar represente su idea de izquierda radical y que, además, estas personas se imaginen a sí mismas como liberales.

No sé si nos merecemos perder Cataluña, como decía Unamuno. Sí sé que me siento cómodo compartiendo con sus gentes el mismo país de países y que no veo necesidad de fronteras que nos separen. Quienes pensamos así deberíamos aprovechar cada coyuntura para estrechar lazos y no para fomentar choques de trenes.

Los comentaristas políticos sucesores de aquellos que sacaban de sus casillas a Unamuno inciden en los riesgos de una legislatura abocada a peligrosas coaliciones Frankenstein, con concesiones infinitas a los rompepatrias. Que la fragmentación del voto tiene sus riesgos no se puede negar, como los tiene su concentración. En resumen, el hecho de que formar Gobierno exija poner de acuerdo a muchos actores diferentes es básicamente un reto, con sus amenazas y sus oportunidades. Como tantos analistas escriben sobre las amenazas, me centraré en las oportunidades.

¿Cómo convertir la necesidad en virtud y gestionar bien la forma en que se ha expresado la ciudadanía? Aquí no valen las trampas al solitario. En una democracia parlamentaria no hay más legitimidad para gobernar que la que deriva de poner de acuerdo a la mayoría parlamentaria exigida. La idea de que existe una especie de obligación de dejar gobernar a la primera fuerza, por el mero hecho de que haya podido obtener un voto más que la segunda, resulta incompatible con el espíritu del parlamentarismo. ¿Estamos entonces condenados a hacer cesiones que creen privilegios y que debiliten la cohesión o, en su defecto, a repetir elecciones e intentar que la ciudadanía altere la forma en que se ha expresado? Para nada.

Abordar la investidura desde una política del bien común exige, en mi opinión, dos cosas. En primer lugar, que los acuerdos a los que haya que llegar con los partidos menores, y que incluirán lógicamente concesiones que estos puedan rentabilizar ante sus votantes, no resulten incompatibles con el interés general. Un ejemplo claro: en la anterior legislatura, la política de acuerdos del Gobierno de coalición consiguió sacar del ensimismamiento endogámico a algunas fuerzas nacionalistas y que vieran que podían ofrecer logros a sus votantes sin que eso pasara por generar perjuicios a otros. Mientras que con los gobiernos del PP se desató el choque de trenes y el proceso independentista, el Gobierno de coalición consiguió justo lo contrario: llevar a las fuerzas nacionalistas a competir entre sí por ver quién conseguía influir más en leyes y políticas no limitadas a su territorio.

Y en segundo lugar, una política de bien común no debería limitarse a reconocer y gestionar con humildad el puzle parlamentario. Debería abordar también reformas estructurales que limitaran a su legítima dimensión la capacidad de presión de los grupos pequeños, de forma que no se cargue la amenaza de la repetición electoral sobre las fuerzas que actúen con más responsabilidad.

Eso se consigue de una forma muy simple y sin necesidad de pervertir la democracia parlamentaria con ocurrencias como la de forzar a los partidos a dejar gobernar a la lista más votada. Basta con introducir el mecanismo que ya existe en algunos parlamentos, como el vasco, y que consiste en que, si no se llega a acuerdos mayores, en la última votación de la investidura sale elegido el candidato o candidata que consigue más apoyos, aunque no logre la mayoría. El Gobierno arrancará débil ante el Parlamento, pero eso no constituye ningún peligro para la democracia. Y en nuestro caso, tampoco para la gobernabilidad, ya que poseemos un sistema de parlamentarismo ‘racionalizado’, lo que supone que el Gobierno puede seguir gobernando aunque haya perdido la mayoría en el Parlamento, mientras que la oposición solo puede destituir al Gobierno -a través de una moción de censura- si es capaz de articular previamente una mayoría absoluta en torno a un candidato alternativo.