Por supuesto que nadie fuera del sector se tomó la molestia de explicar cuánto es mucho y cuánto es razonable en esto de los resultados empresariales. Ni nadie comparó los resultados con los activos involucrados para obtenerlos. Ni nadie recordó que una cosa son los ingresos facturados y otra bien distinta los beneficios resultantes. Ni nadie pensó en lo que sucede cuando los resultados extraordinarios se convierten en negativos o merman sensiblemente como les sucede habitualmente a quienes almacenan combustibles, cuya valoración cambia con frecuencia. No. ¿Para qué tanto matiz, para qué tanta digresión? Los socios del Gobierno estaban seguros de que merecían un gravamen y… lo tuvieron.

Pero hete aquí que no a todos los partidos les gustaba la solución porque, en su opinión, ponía en peligro inversiones que generaban empleos y riqueza y que podían instalarse en otros lugares, como amenazaron algunas de las compañías afectadas. Así que el Gobierno ideó una solución absolutamente genial. A quien deseaba el gravamen le prometió ampliar su vigencia en el tiempo y a quien quería eliminarlo le prometió su eliminación inmediata. ¿Algo que objetar? No, claro, nada, solo que tan brillante idea terminó ayer como cabía esperar.

Hoy en día, los apoyos parlamentarios son frágiles y variables, de ahí que el PNV y Junts (calificados por Podemos como los ‘cachorrillos de Repsol’) unieron sus fuerzas con el PP y Vox -eso sí que es versatilidad y capacidad de adaptación- y el impuesto decayó y convirtió en un imposible la voluntad gubernamental de prorrogarlo en un próximo consejo de ministros. Un decreto ley no puede crear un impuesto y como éste no estaba prorrogado, no existía y por lo tanto había que crearlo. ¡Un lío, no? Pues sí, un lío unido a un despropósito, colgado de una aberración y apoyado en un sinsentido.

Vamos, el escenario ideal para planificar unas inversiones que, como las energéticas, son cuantiosas, tienen periodos de maduración dilatados y de recuperación mucho más dilatados aún… Estamos en manos de genios.