Editorial-El Correo
- La ley de amnistía aprobada ayer ofrece dudas de constitucionalidad y de aplicación que auguran una larga sucesión de recursos
El Congreso de los Diputados levantó ayer el veto del Senado a la amnistía por 177 votos frente a 172 en una sesión que solo el independentismo celebró como una «victoria». La tramitación del texto a través de una proposición de ley del Grupo Socialista le permitió eludir los informes del Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal, preceptivos en los proyectos que presenta el Gobierno. Pero el contenido de la norma, que deberá aplicarse en el plazo de dos meses, continúa ofreciendo dudas de constitucionalidad y de interpretación que auguran una larga sucesión de recursos y cuestiones prejudiciales. El pleno en el que fue aprobada una de las piedras angulares de la legislatura retrató hasta qué extremo la bronca tabernaria, la polarización extrema y la falta de decoro se han apoderado del debate parlamentario. Los insultos y el tremendismo dialéctico, con Vox como principal agente provocador, velaron el intercambio de argumentos en medio de acusaciones cruzadas de «corrupción» y «neofascismo». Un espectáculo bochornoso.
Las negociaciones entre el Gobierno y Carles Puigdemont trataron hasta el último minuto de blindar el articulado de las potestades de la Justicia, que ya han comenzado a aflorar al defender los fiscales del ‘procés’ que no es amnistiable la malversación del expresidente de la Generalitat. La endeblez jurídica de la ley y la propia naturaleza del Estado de Derecho hacen inevitable su supervisión por parte de los tribunales, cuyas decisiones podrán ser discutibles, pero deberán suscitar el máximo respeto. Empezando por el levantamiento o no de las medidas cautelares en vigor y con la suerte que pueda correr el líder de Junts como la incógnita políticamente más relevante en manos del Supremo. Todo a la espera de que se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad que ayer mismo empezaron a anunciar las comunidades del PP.
Eufóricos, los secesionistas corrieron a enarbolar su siguiente exigencia, un reférendum de autodeterminación, cuya absoluta incompatibilidad con el marco legal vigente desdeñaron con el argumento de que esa misma tesis fue esgrimida frente a la medida de gracia aprobada ayer. De sus palabras no se desprende que esté blindada la legislatura para Pedro Sánchez, cuya ausencia del debate -solo ocupó su escaño para votar- indignó a la oposición. El efecto benefactor que ha podido tener la amnistía para la convivencia en Cataluña contrasta con la contestación social que ha suscitado en el resto del país.