La anulación de las planchas de Bildu dejaría fuera de las elecciones también a los candidatos de dos formaciones legales. Ni EA ni Alternatiba podían ser ajenas a las impugnaciones a las que se exponían, ni la izquierda abertzale obviar el lastre de falta de credibilidad que arrastra.
La impugnación presentada ayer por la Abogacía del Estado contra las 258 candidaturas de Bildu se basa en distintos informes policiales para atribuir a ETA la paternidad de la coalición compuesta formalmente por EA, Alternatiba e independientes y concluir que la misma constituye «un instrumento» fraudulento con el que la izquierda abertzale ilegalizada trataría de regresar a las instituciones bajo la tutela de la organización terrorista. A la espera de conocer la literalidad de los argumentos de la Fiscalía, que apuntan en la misma línea, la iniciativa del Gobierno y del Ministerio Público incide en la convicción de que Bildu es un eslabón más en la continuidad delictiva con la que el mundo de Batasuna ha tratado de sortear la primera sentencia, en 2003, de ilegalización. Pero por primera vez, el recurso actúa contra las listas de una coalición integrada por dos partidos legales; una circunstancia singular y procesalmente compleja, de la que el Abogado del Estado se muestra plenamente consciente cuando salvaguarda la legalidad de EA y Alternatiba pese a dar por acreditado que todo Bildu forma parte del ‘plan B’ de ETA, tras la prohibición judicial de Sortu. La salvedad no impide, sin embargo, que el Supremo tenga que enfrentarse a un dilema excepcional. Primero, porque parece más complicado que pueda aplicar la cirugía de precisión con cada una de las listas cuando el Abogado del Estado y la Fiscalía han optado por impugnarlas en bloque al considerar que existe «una conexión general» de todas con los propósitos de ETA-Batasuna. Y segundo, porque la eventual anulación de las planchas dejaría fuera de las elecciones, a la espera de lo que dictaminara en último término el Constitucional, no solo a los independientes abertzales, sino también a los candidatos de dos formaciones legales, una de ellas con una dilatada trayectoria institucional. Ni EA ni Alternatiba podían ser ajenas a las impugnaciones a las que se exponían, ni la izquierda abertzale obviar el lastre de falta de credibilidad que arrastra. Pero la gravedad de las acusaciones que formulan el Gobierno y la Fiscalía contra Bildu y la envergadura de sus potenciales consecuencias no solo obligan a los tribunales a extremar la cautela de la ley. También demandan del conjunto de los partidos una actitud menos estridente y menos invasiva que la que vienen manteniendo hacia la decisión que se ha dejado en manos de los jueces.
Editorial en EL CORREO, 28/4/2011