Las movilizaciones masivas en contra de la amnistía y de los pactos de investidura firmados por el PSOE han puesto de manifiesto que en España, como en muchos otros países, se ha producido una quiebra profunda en la sociedad. El problema no es tanto que haya dos Españas, pues, en cierto sentido, las ha habido durante mucho tiempo, de manera parecida a como en Estados Unidos la población se divide en republicanos y demócratas, sino que, al igual que en el gigante americano, esas dos partes no dispongan en estos momentos de un terreno común desde el que plantear y confrontar sus diferencias.

Da la impresión de que la división política hace ya imposible discutir sobre política. Algo profundo se ha roto con la propuesta de una ley de amnistía. No lo digo por el hecho de que una gran parte de los españoles, seguramente una mayoría, esté en contra de que se perdone a las personas encausadas por el procés catalán, pues esto es algo completamente legítimo, sino por la manera de defender y justificar su oposición a la misma.

Insisto, hay buenos motivos para oponerse a la amnistía y, sobre todo, para criticar el giro súbito que ha dado el PSOE en este asunto tras las elecciones del 23-J. También, por supuesto, hay buenos motivos para apoyarla. Yo mismo he procurado ofrecer algunos de estos últimos. En cuanto a los argumentos en contra, se pueden esgrimir razones de justicia (quien comete delito debe pagar por ello), de igualdad (otros delincuentes no reciben el mismo beneficio), de conveniencia (da un poder indebido a quienes quieren separarse de España) y de oportunidad (invita a los independentistas a repetir sus acciones en el futuro). De todo ello se puede hablar e intercambiar puntos de vista.

Ahora bien, el problema estriba en que las derechas nacionalistas españolas, en lugar de oponerse a la ley de amnistía como se oponen a otras muchas iniciativas políticas, han adoptado un lenguaje hiperbólico según el cual la amnistía supone el fin del Estado de derecho, la división de poderes y la democracia misma. En su formulación más exagerada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se habría convertido en un dictador que, con tal de permanecer en el poder, está dispuesto a deshacerse de la democracia y romper España. Y no me refiero ahora a palabras estrambóticas de manifestantes anónimos o de columnistas recalentados, sino a las declaraciones de la presidenta del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso y de otros cargos de dicho partido, cuyo corolario es la ridícula campaña lanzada en Europa pidiendo ayuda para salvar la democracia española del golpismo izquierdista.

Hay en esta involución de las derechas españolistas una paradoja curiosa que no se encuentra fácilmente en las derechas radicalizadas de otros países. Me refiero al hecho de que la oposición del PP y Vox, basada en un nacionalismo primario, se envuelva en la bandera de los valores democráticos y constitucionales. Hablan de democracia y Estado de derecho, pero quieren decir unidad nacional e intransigencia en la cuestión territorial. Recurren a valores cívicos, a la división de poderes y a la libertad para oponerse a la amnistía, como si una ley orgánica, sometida a los controles constitucionales del sistema, pudiera dinamitar dicho sistema desde dentro. Cuentan para ello con la complicidad y el apoyo de los intelectuales derechizados y reaccionarios que han traspasado las ideas que empleaban en la lucha contra el terrorismo de ETA a la causa nacional. Después de tantos años perorando contra el nacionalismo, no son capaces de percibir la fuerza política que ha adquirido el nacionalismo español.

Al proceder así, disfrazando el impulso españolista con una aparente preocupación por la democracia, intentan legitimar con tintes cívicos su rechazo excluyente de la “anti-España” (las izquierdas y los nacionalismos no españolistas). La maniobra, sin embargo, es demasiado burda para resultar verosímil. Las amnistías, en España y en otros muchos países democráticos en las que se aprueban, por los motivos más variados, no suponen el hundimiento ni de la democracia ni del Estado de derecho. Quienes promueven aquí la amnistía no son unos golpistas, sino las fuerzas parlamentarias que conforman un bloque mayoritario en el Congreso. En ningún país avanzado, cuando se aprueba una amnistía, se entiende esta como una injerencia en el poder judicial.

Es comprensible la rabia y la frustración de quienes pensaron que la crisis constitucional catalana fue un golpe de Estado que tenía que resolverse mediante elevadas condenas de cárcel a sus promotores. Ahora se ven descolocados. Su némesis, el señor Puigdemont, podría regresar a España sin cargos (salvo que prospere la astracanada del juez García-Castellón, acusando de terrorismo al líder independentista). Desde su nacionalismo primario, las derechas tienen todo el derecho del mundo a protestar y patalear. Pero no pueden engañar al personal diciendo que lo hacen en nombre de la democracia y el Estado de derecho.

Aunque no tenga más valor que el anecdótico, oyendo las respuestas de algunos participantes en las protestas de estas últimas semanas al ser entrevistados para diversos medios, daba la impresión de que ya nos encontramos en una situación parecida a la que se vive a propósito del enfrentamiento entre trumpistas y antitrumpistas en Norteamérica. Las razones y explicaciones de los seguidores de Trump resultan ininteligibles para quien no comulga con sus principios. Desde fuera, pareciera que viven en una realidad paralela y que resulta imposible todo intento de acercamiento o comprensión. Es como si las diferencias políticas se hubiesen vuelto “inconmensurables”. ¿Cómo se puede argumentar con alguien que niega los hechos más fundamentales del cambio climático y las vacunas contra la covid o, peor aún, que está convencido de que hubo una falsificación masiva de los resultados electorales en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 que ganó Joe Biden? No hay nada, absolutamente nada, que pueda cuestionar sus convicciones. Por descontado, los trumpistas piensan lo mismo de los antitrumpistas; aquellos creen que estos están completamente engañados y ciegos ante la realidad política.

Las derechas españolas están entrando aceleradamente en modo Trump. La manifestación más evidente de esta involución consiste en acusar al actual presidente del Gobierno de usurpador y golpista. Cuando no se reconoce a los rivales políticos, la semilla de la exclusión comienza a dar sus frutos. Si media España considera que el Gobierno es ilegítimo, a pesar de contar con una mayoría en el Congreso, las elecciones se convierten en un expediente para recuperar lo que consideran que les pertenece por derecho propio. Y mientras eso no suceda, mientras no recuperen el control, argumentarán que hay un pueblo español “bueno” y otro “indigno”, y que el primero debe prevalecer para salvaguardar la nación. Es el abecé del nacionalpopulismo, solo que aquí las derechas, en lugar de decirlo abiertamente, se refugian en un lenguaje pseudodemocrático, como si fueran resistentes o víctimas de una agresión. Lo que llaman “democracia”, sin embargo, no es sino una versión estrecha de “España” en la que solo caben quienes piensan como ellos.

Lo más llamativo de todo es que esto esté sucediendo (como pasó primero en Estados Unidos ante la involución trumpista) en medio del silencio de los moderados de la derecha y de buena parte de la “inteligencia” del país, que, horrorizados por la amnistía, prefieren mirar hacia otro lado.