En cuanto pase la jura de la Princesa Leonor, único lance institucional en el que Sánchez ha hecho lo que debe, el presidente lanzará el arreón final de la investidura. A falta de ajustar el precio, el intento cuenta con muchas probabilidades de éxito. La amnistía está pactada, pendiente sólo de algunos últimos flecos más políticos que jurídicos y relacionados sobre todo con la exposición de motivos; la cobertura de los delitos y su encaje legal quedan asegurados por la tutela de Conde Pumpido, cuya tarea de consultoría supervisora, escandalosa de resultar cierta, relatan sin ambages ciertos portavoces oficiosos del sanchismo. Esquerra y el PNV apretarán hasta el final para hacerse valer y obtendrán las correspondientes prebendas en una subasta de privilegios económicos y de cesiones de nuevas competencias. Y Podemos tragará, quizá rebañando algún ministerio, porque Pablo Iglesias no puede permitirse, por muy cabreado que esté con Yolanda Díaz, aparecer como el responsable de haber frustrado un Gobierno de izquierdas. Habrá forcejeos hasta el último momento, sobre todo para que Moncloa se garantice, además del voto clave, uno o dos presupuestos. Pero a expensas de Puigdemont nadie duda de que el resto del bloque se acabará aviniendo al acuerdo. Una repetición electoral entraña demasiados riesgos de dejarlos a todos fuera de juego. También al prófugo, necesitado de socorro penal y financiero ante la retirada progresiva de los patrocinadores de su tingladillo europeo.

Los pormenores de esta transacción ignominiosa, cualquiera que sea su desenlace, resultan de indudable interés informativo pero opacan la condición anómala de una negociación basada en premisas inaceptables. Se está hablando con plena naturalidad de una capitulación del Estado ante un grupo de delincuentes contumaces, una deconstrucción ya muy poco disimulada de las bases del sistema con el único objetivo de asegurar el poder de un aventurero y la impunidad de un botarate. Poco deberían importar los detalles de un desafuero de esta clase, el más grave de todo el proceso de desguace de las instituciones sobrevenido durante el mandato de Sánchez. Sin embargo, la habilidad del oficialismo para crear relatos propagandísticos ha logrado centrar el debate en sus aspectos circunstanciales y preterir la cuestión primaria, la más importante: la desarticulación del ordenamiento constitucional como rescate de un chantaje. La ambición personal de un oportunista que se atreve a hablar «en nombre de España» –clásica atribución de las mentalidades autoritarias– ha dejado la gobernabilidad de la nación en manos del tipo que quiso fracturar la integridad territorial y destruir la convivencia ciudadana. Un chalado en busca y captura tiene a un país entero pendiente de su voluntad errática. Toda una garantía de confianza. Y aún pretenderemos que nos tomen en serio: poco nos pasa.