EL ECONOMISTA 13/01/14
· Pide informes confidenciales a sus consejeros
Como ocurrió hace apenas año y medio con la posible salida de España del euro, las multinacionales han comenzado a solicitar informes de cómo les afectaría la independencia de Cataluña en sus cuentas. Una de las más afectadas es Endesa, que tiene cerca del 40% de sus ingresos en la región catalana, por lo que Enel ha pedido a sus consejeros que elaboren las posibles consecuencias del proceso soberanista.
Según han confirmado fuentes próximas a Endesa, la italiana, que tiene el 92% del capital de la eléctrica española, ha empezado a mirar con gran preocupación la iniciativa liderada por Artur Mas de separar Cataluña de España. Aunque el referéndum convocado para el próximo 9 de noviembre tiene aún que ser autorizado, el grupo transalpino quiere conocer con detalle cuáles serían los impactos de una posible victoria del sí.
Porque Endesa tiene en Cataluña cerca de cuatro millones de clientes, prácticamente el 35% de los 11,5 millones de usuarios a los que comercializa su electricidad. El porcentaje es similar en cuanto a la generación porque Cataluña, como Andalucía y Aragón, siempre ha sido considerado “un territorio Endesa” desde que la que fuera empresa pública le comprase a la Generalitat la quebrada Fecsa entre 1991 y 1996. Una actividad que representa el 2% del producto interior bruto (PIB) de la zona.
Por si fuera poco, Endesa tiene en Cataluña sus dos centrales nucleares, la de Ascó y la Vandellós, ambas en Tarragona, cuya regulación quedaría en un limbo muy incierto en el caso de que la independencia triunfase. Estas dos plantas generan el 50% de la luz que se consume en Cataluña, por lo que cualquier cambio en la legislación impactaría directamente en la valoración de los activos. Endesa tiene 3.640 megavatios de potencia nuclear instalada en España, más del 65% de todos los activos de este tipo de energía que el Grupo Enel ha desarrollado entre Italia, Francia, Eslovaquia, Rumanía y Rusia.
La eléctrica presidida en España por Borja Prado es propietaria de más de 50 centrales hidroeléctricas en Cataluña, principalmente en la zona de los Pirineos, en la comarca de Pallarés, donde surge el origen de la actual Endesa. Su red de activos se completa con varios ciclos combinados en las proximidades de Sant Adrià de Besòs, el último inaugurado en 2011 con la visita del presidente de la Generalitat.
Los encargados de elaborar los informes para Enel son varios de los miembros de su consejo asesor en Cataluña, presidido por David Madi, el que fuera el ideólogo de Artur Mas hasta las elecciones de 2010. Madi se incorporó a Endesa en el verano de 2011, tal y como adelantó El Confidencial, y es una persona que conoce a la perfección la situación política en Cataluña. Es el presidente del Consejo Asesor.
Primeras conclusiones
Pero no es el único que está participando en los análisis. Otros de los más activos ha sido Joan Majó, exministro de Industria, y Germà Bel, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, que ya se ha pronunciado sobre el impacto que tendría la independencia en las empresas catalanas y en las multinacionales con base en Barcelona. En su opinión, “algunas se marcharían y se instalarían en otras partes de España, sobre todo si dependen exclusivamente del mercado español y el cambio no les provoca grandes aumentos de costes. Otros establecerían sedes en Catalunya, sobre todo empresas reguladas en los sectores de servicios públicos, etc.”, una referencia que se podría aplicar a Endesa.
Por las primeras conclusiones de los informes realizados para Enel, estos apuntan a que las consecuencias serían poco significativas. La italiana, sin embargo, sigue preocupada después de las declaraciones de determinados próceres de la Comisión Europea, como Durao Barroso, que ya ha advertido a Mas de que la independencia supondría la salida de Europa y el posterior aislamiento. La bajada de rating sería inmediata.
La inquietud del grupo controlado por el Estado italiano es compartida por bancos de inversión internacionales, que ya han avisado a sus clientes de las potenciales repercusiones del órdago secesionista lanzado por Mas y sus socios de la Generalitat.