El PSOE de Pedro Sánchez volvió a corregir sus postulados de la víspera, atendiendo las exigencias de Junts y de ERC para extender la amnistía a delitos de terrorismo, exceptuando «violaciones graves de derechos humanos». La medida pasó de ser inconstitucional para los socialistas antes del 23-J a convertirse en un asunto reservado primero, y defendido como plenamente constitucional después. Lo mismo ocurrió ayer con la ‘línea roja’ que para el principal partido del Gobierno de coalición era el propósito del independentismo catalán de acoger en la amnistía a los que hubiesen incurrido en actos terroristas. Las fuerzas de la investidura tratan de sortear la eventualidad de que Carles Puigdemont y Marta Rovira sean procesados como dirigentes de ‘Tsunami Democràtic’, dando amparo a todas las personas que participaron en la toma del aeropuerto del Prat, en los cortes de la A-7 y en los planes de los CDR. Aun a riesgo de que, si la enmienda transaccional acordada contraviene el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la futura ley acabe lastrada ante las instancias judiciales. También ante el Constitucional y, sobre todo, ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Tras la convención socialista del fin de semana en la que se insistía en que el partido no iba a ceder a las últimas exigencias de Junts, los reunidos en La Coruña han tenido que resintonizar con La Moncloa. La nueva portavoz del PSOE, Esther Peña, ya se estrenó el lunes con tres señales elocuentes. Presentó la amnistía como un modo de «ensanchar la democracia» y dio a entender que la deseable ampliación de derechos y libertades alcanza su hito en la revisión de todo lo hecho por las instituciones ante el ‘procés’. Se refirió a quienes «tuvieron que salir fuera», cuando Puigdemont, Rovira y los demás se autoexiliaron cómodamente y pudieron quedarse en Cataluña a disposición de la Justicia. Y anunció que los socialistas estaban dispuestos a verse seducidos por el independentismo.

Pero la clave la ofreció el portavoz de Junts, Josep Rius, al asegurar que los posconvergentes no tienen prisa para que Puigdemont vuelva. No quieren que regrese un prófugo amnistiado, sino el presidente legítimo de la Generalitat. Lo que haría de las autonómicas catalanas de 2025 una liturgia de restitución del poder ‘usurpado’ con la aplicación del 155 de la Constitución. Todo contra Pere Aragonès.