Siempre se ha visto como improbable que la movilización política y el cambio puedan ser una realidad en Irán, porque para gran parte de la población supone perder los beneficios que el régimen reparte. Además, la lucha por el cambio político podía ser el germen de una involución después de que las diferentes estructuras del poder se depurasen al enfrentarse entre sí.

Las manifestaciones se han extendido por todo el país después de que el pasado 28 de diciembre los comerciantes del Gran Bazar de Teherán (gran pilar del régimen teocrático) se declarasen en huelga por los altos precios y el estancamiento económico; y han adquirido un cariz cada vez más violento según iba aumentando el número de muertos por la represión gubernamental.

El origen de la revuelta es la profunda crisis económica iraní, la bajada de los precios del petróleo, las sanciones, una economía estructuralmente poco productiva y una gestión del régimen que se ha limitado a adoptar medidas de austeridad inaceptables para la población. En realidad, es toda la economía iraní la que se encuentra en ruinas, aunque se haya adaptado a las sanciones desde hace décadas. En 2024 el crecimiento iraní era frágil y, para reducir la presión sobre el rial, el Gobierno emprendió una política de austeridad que debilitó el crecimiento y que, al no poder contar con los ingresos del petróleo, decidió aumentar los impuestos y reducir el gasto. La triple crisis que afectó al país (energética, agua y geopolítica ocasionada por el bombardeo de EE UU e Israel) aceleró la caída del rial, generalizó la subida de los precios (fundamentalmente de productos de primera necesidad), redujo las ayudas públicas y aumentó el desempleo y los impuestos, afectando a los sectores más pobres y a gran parte de la clase media.

¿Cómo no se iba a producir una respuesta de la población ante esta situación? ¿Cómo podían aceptar un proyecto de presupuesto para 2026-2027 que incidía en la austeridad y en el aumento de ingresos fiscales? Las medidas de apaciguamiento del presidente, Massoud Pezeshkian, no resuelven nada, porque la economía del país, en gran parte en manos del régimen y de los Guardianes de la Revolución, es muy poco productiva, demasiado dependiente del petróleo y claramente afectada por las sanciones a que se ve sometido Irán.

Las manifestaciones se han hecho eco de temas y demandas de movimientos de protesta anteriores, mostrando una continuidad de las quejas y adquiriendo rápidamente un mayor significado político. De ahí los eslóganes que critican al Gobierno y al Líder Supremo y algunas reivindicaciones de cambio político sistémico. Intensas, descoordinadas, organizadas… La respuesta del régimen ha sido doble, conciliadora hacia los grupos empresariales más influyentes y el Bazar, y brutal para los grupos más desfavorecidos (desempleados, estudiantes, trabajadores precarios).

En la crisis de confianza generada por años de pésima gestión económica, corrupción y privilegios desorbitados para las élites del régimen radica la causa más profunda de estos levantamientos. Las diferentes camarillas del Estado se enriquecen en situaciones excepcionales como la que ha ocasionado las revueltas. Los guardianes de la ortodoxia centralizan el poder económico, militarizan el comercio y transgreden la actividad económica general en pro de unos beneficios cada vez mayores. Pero considerar desde Occidente que estamos en la antesala de un cambio de régimen es muy aventurado, incluso con una intervención militar estadounidense, y más si la alternativa pasa por la restauración monárquica de una saga que llevó al país persa al callejón sin salida que propició la República islámica iraní.