Sin duda alguna, la actualidad de esta semana ha estado ocupada por el cierre, y el coste, de los apoyos parlamentarios escogidos por el Gobierno para sacar adelante los presupuestos que le garantizan la Legislatura y que deberían servir como Capítulo Uno del plan de recuperación. Tras desechar el apoyo de Ciudadanos -que era mucho más barato (esto es un dato) y beneficioso (esto es una opinión)-, se ha lanzado a una operación tan costosa como peligrosa.

Lo cierto es que el tema ha ocupado la actualidad sin que casi nadie haya entrado en el contenido de los mismos. No se ha prestado la atención debida al hecho de que los cálculos iniciales son irreales y que sus partidas relegan las causas de la crisis y se centran en sus efectos. Todo el que ha opinado de los mismos, el último la Comisión Europea, prevé un fallo en los ingresos y un aumento de los gastos. Los avances de las vacunas nos traen grandes esperanzas, pero también la constatación de que no venceremos a la enfermedad hasta fechas cercanas al verano, lo que nos obliga a mantener las restricciones al menos medio año más. Una realidad que los presupuestos no consideran y que impactará negativamente tanto en los ingresos como en los gastos.

Nos hemos centrado en los apoyos y en las concesiones realizadas para conseguirlos. Resulta enternecedor ver a ERC -un partido independentista, con sus líderes condenados por sedición y malversación de caudales públicos, con su representante en el Congreso asegurando que España les importa un comino, empeñados en borrar los tenues recuerdos del Estado que quedan en Cataluña-, exigir nada menos que una armonización fiscal… en ¡España! Nadie ha demostrado que Madrid viole la legislación actual, pero parece evidente que descubre las vergüenzas de quienes, como los políticos catalanes en el poder, han demostrado su incapacidad para administrar con eficacia la enorme -y en permanente estado de ampliación-, parcela de competencias que administran.

Ya conoce el razonamiento: Madrid abusa de su posición de capital del Estado y deriva hacia sus arcas los ingresos fiscales que proporciona una legislación amable y que, al parecer, corresponden a las demás autonomías. Genial. Todos aseguran que ahí hay un burdo dumping fiscal, pero nadie recuerda otras cosas. Como por ejemplo que una menor carga fiscal ha ampliado la base imponible de tal manera que la economía madrileña ha superado a Cataluña y se sitúa en cabeza. Si todo se debe al efecto capital, ¿Se debe también a esa circunstancia el que tenga los salarios más elevados, uno de los menores niveles de paro y que sea la comunidad más solidaria en términos de flujo financiero, ya que es la que más aporta al fondo común?

No. Las miles de empresas y particulares que han huido de Cataluña no lo han hecho porque Madrid fuese la capital, ni siquiera porque tuviese una fiscalidad más benévola (ya la tenía antes) sino por la inestabilidad política y la inseguridad jurídica provocada por el ‘procés’. Si no reconocen esa evidencia nunca arreglarán su problema. Por el contrario, Madrid ha creado un espacio político, social y administrativo ‘business friendly’, en el que nadie se siente extranjero, ni obligado a ‘ser de los nuestros’ para emprender un negocio, obtener una ayuda u ocupar un puesto en cualquier oposición pública.

El artículo 156 de la Constitución consagra la autonomía financiera de las CC AA y, como era de esperar, su desarrollo nos ha conducido a un sistema muy asimétrico en el que coexisten regímenes especiales como el Concierto Vasco, el Amejoramiento Navarro o Canarias con muchísimas peculiaridades normativas. ¿De verdad queremos arreglar esto y armonizarlo todo? Empezamos por Madrid. Y luego ¿Por dónde seguimos? Además de entrañable, la propuesta negociada por el Gobierno con ERC es muy peligrosa. Por su contenido y porque abre una caja repleta de truenos. Algo que, al parecer, le importa otro comino a este Gobierno desnortado.