SANTIAGO GONZÁLEZ
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apartó al juez José Ricardo de Prada del tribunal que va a juzgar la caja B del PP. Es verdad que por una mayoría exigua, pero la razón jurídica de su decisión parece irreprochable: no puede formar parte del tribunal porque ya opinó sobre la famosa caja B donde no le tocaba: en el juicio sobre la Gürtel, donde De Prada, entre la banalidad y la venalidad, coló graciosamente dos morcillas en las que colgó de la chepa del entonces presidente del Gobierno cargos improcedentes. Uno, en su modestia de lego lo había advertido por escrito un mes después de que esa sentencia fuese el fulminante de la moción de censura: «Otro aspecto muy criticable de la sentencia es que divaga sobre cuestiones que no se juzgan en ese sumario por constituir piezas separadas, como la caja B del PP».
Estaba claro, todo esto formaba parte de una conspiración compleja y antigua, que puso en marcha un amigo de José Ricardo, Baltasar Garzón, que el 6 de febrero de 2009 ordenó el ingreso en prisión de los tres principales imputeados en la Gürtel y después se fue a Andújar de cacería y cena con el ministro de Justicia, el comisario jefe de la Policía Judicial y una fiscal que seguramente estaba allí por amor, pero que andando el tiempo se habría de convertir en la ministra de Justicia del vencedor en la moción de censura.
Aquel juicio y aquella sentencia estuvieron trufados de detalles extravagantes, por ejemplo, que De Prada y otro miembro del tribunal, De Diego, le madrugaron la ponencia al presidente, Ángel Hurtado, después de rechazar el borrador que este había propuesto. Hurtado se vio obligado a expresar la razón jurídica y su relato de los hechos en el voto particular. Era incongruente que para el nuevo ponente entre el Grupo Correa y el PP «se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción estable», incompatible con el hecho de que el PP estuviese «encartado como partícipe a título lucrativo» (ausencia de participación en los hechos delictivos). José Ricardo intentó publicar la sentencia antes de la discusión de los Presupuestos, lo que fue impedido por Ángel Hurtado, que se negó a que se publicara si no iba acompañada por su voto particular, que no había terminado de redactar. No pudieron poner patas arriba los presupuestos, pero su publicación fue el argumento de la moción de censura días después.
Hubo más. Se cuestionó la credibilidad del presidente del Gobierno, a quien se había citado a declarar en la A.N. el 26 de julio de 2017, obligándosele a declarar de forma presencial, ignorando que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 412 y 731b, permitía que lo hiciera por videoconferencia, como señaló un primer voto particular del presidente Ángel Hurtado, que presentó un contraejemplo sorprendente: el propio socio de De Prada, Julio de Diego, había actuado como ponente en el tribunal y admitió la videoconferencia para que declarase, no ya un testigo, como era Mariano Rajoy, sino un procesado por las herriko tabernas por financiación de la banda terrorista ETA. El PP publicó por entonces una lista de casi un centenar de testigos para quien se había admitido declarar por videoconferencia en la Audiencia Nacional, entre los que figuraban Manuel Chaves, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Artur Mas, Núria de Gispert y 39 testigos del caso Nóos. Lo sentaron allí para humillarlo.
Y así sucesivamente. El juez De Prada ha quedado apartado del tribunal para juzgar la caja B del PP. Una lástima, con lo bien que ha sentenciado cuando no le tocaba. Para seguir los disparates aquí contados, lean los dos votos particulares del presidente Hurtado, que los cuenta ordenada y razonablemente.