La Generalitat de Aragonès ha hecho público que Cataluña ocupa el tercer lugar en la aportación per cápita de ingresos al erario común, por detrás de Madrid y Baleares, mientras que se sitúa en décima posición como receptora de lo recaudado en el conjunto de España. Pero no son los territorios los que tributan, sino ciudadanos y empresas. El principio de ordinalidad al que recurrió el Estatut nada tiene que ver con una justa lectura de las balanzas fiscales. Pero lo que parece evidente es que ni Madrid, ni Baleares, ni Cataluña tienen derecho a ser beneficiarias de la recaudación general en el orden en que la liquidación del IRPF o del Impuesto de Sociedades las sitúa.

Las demandas de ERC se han deslizado hacia los requerimientos de Junts. Pero la idea de la soberanía financiera se sale del marco que representan el PSOE y el PSC. Además, exigiría que una mayoría cualificada de las Cortes aceptara revisar la Constitución y los distintos estatutos para posibilitarla. Por eso Puigdemont se muestra por momentos más fuerte que Sánchez. Porque éste no puede embaucar a las bases de ERC con palabras ante el marcaje que el de Waterloo ejerce con solo advertir de que se presentará en el Parlament «cueste lo que cueste».