DESDE que el independentismo confundió la mayoría parlamentaria de 2015 con un mandato para la secesión, Cataluña permanece anclada en un escenario que bascula entre el engaño y el circo. Esta mezcla –de consecuencias sociales y económicas letales– cristalizó ayer en la farsa representada en el Parlament. Bastaba comprobar la abulia con la que Jordi Turull leyó su plúmbeo discurso de investidura, y las caras de sopor y desinterés en la bancada separatista, para certificar la colosal pérdida de tiempo de la sesión de ayer en la Cámara catalana. Tras intentar la investidura telemática de Carles Puigdemont, fugado en Bélgica; y de Jordi Sànchez, en prisión preventiva, el secesionismo interpretó una nueva representación de la ópera bufa del procés. Ni el propio Turull se creyó su papel de trámite tras ver como la abstención de la CUP reventaba una operación política destinada sólo a ganar tiempo para superar el colapso entre las formaciones soberanistas. El único efecto positivo de este capítulo es que, tras la votación de ayer, el reloj de la investidura ya corre y habrá nuevas elecciones si no hay president antes de dos meses.

Torrent forzó el Pleno para adelantarse al juez Pablo Llarena, quien hoy dictará el auto de procesamiento contra los líderes independentistas, como paso previo para ser juzgados por rebelión y sedición. Turull no podrá presentarse ante el magistrado como presidente electo, pero el solo hecho de tratar de acompasar su táctica al calendario judicial revela la concepción antidemocrática en la que sigue moviéndose el soberanismo Durante su intervención, aunque evitó expresar su respaldo al cumplimiento de la ley, se cuidó de no mencionar las palabras «república» e «independencia», probablemente, porque la cita de Llarena le pone a las puertas de un nuevo envío a prisión. Y cabe recordar que un procesado por rebelión encarcelado queda automáticamente suspendido de cualquier cargo público. El independentismo sabe que Turull es una opción inviable para desencallar la legislatura. No sólo por su participación directa en la hoja de ruta que desembocó en el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, sino porque puede ser inhabilitado. Por tanto, el independentismo puede seguir porfiando en presentar como candidatos a dirigentes que aplicaron un plan orientado a liquidar el orden constitucional. La realidad es que las trabas para impedir una vuelta a la normalidad no harán más que alargar el 155.

Es una burla pretender investir a un fugado, a un encarcelado o a un imputado. Cataluña necesita un Govern efectivo y respetuoso con la ley, lo que permitiría restituir el ejercicio pleno del autogobierno. Las fuerzas secesionistas cosecharon el 21-D una mayoría de escaños en el Parlament, pero la formación de Gobierno seguirá siendo un objetivo inviable mientras se empeñen en perpetuar el choque con el Estado.