John Müller-ABC
- Un Gobierno no puede impedir todas las crisis, pero sí tiene la obligación de reducir su impacto cuando existen indicios razonables de que pueden producirse
Hay paradojas que retratan mejor que cualquier estadística el estado de un Gobierno. La de Ceuta resulta difícil de superar. Nunca un presidente había contado con un ‘centro de gobierno’ tan amplio en la Moncloa. En torno a Pedro Sánchez y Félix Bolaños (que lleva tres ministerios) trabajan cerca de quinientos asesores, un ejército de altos cargos, directores, gabinetes y especialistas cuya razón de ser es precisamente detectar riesgos, procesar información y evitar que las crisis sorprendan al Ejecutivo. Sin embargo, la versión oficial sostiene que nadie vio venir la avalancha migratoria que desbordó Ceuta.
No hacía falta ser James Bond. Bastaba con leer los periódicos. Dos días antes de que miles de personas cruzaran la frontera, un editorial de ABC advertía de la creciente tensión en el entorno de Ceuta y del riesgo de un episodio de presión migratoria. Era una advertencia pública, accesible para cualquier ciudadano. Si un diario nacional era capaz de identificar el peligro, cuesta comprender cómo el complejo aparato de asesoramiento del Gobierno pudo permanecer ajeno a él.
La polémica ha adquirido una dimensión mayor por las informaciones aparecidas después. El Gobierno ha negado de forma expresa haber recibido informes del CNI que anticiparan una entrada masiva de inmigrantes. Frente a esa posición oficial, diversos medios, citando fuentes anónimas vinculadas a los servicios de inteligencia, sostienen que Interior sí recibió avisos previos sobre el riesgo de un episodio extraordinario. Hasta Rabat ha dicho que sus diplomáticos avisaron. Conviene distinguir los hechos probados de las filtraciones. Pero incluso aceptando íntegramente la versión gubernamental, la conclusión sigue siendo incómoda. Si no existió ninguna advertencia de los servicios de inteligencia, entonces falla el sistema político encargado de interpretar señales que eran visibles para cualquiera. Si los avisos existieron y no se actuó, el problema sería todavía más grave, porque ya no hablaríamos de falta de información, sino de incapacidad para convertirla en decisiones.
La política consiste, entre otras cosas, en anticiparse. Un Gobierno no puede impedir todas las crisis, pero sí tiene la obligación de reducir su impacto cuando existen indicios razonables de que pueden producirse. Esa es precisamente la función de un gabinete presidencial hipertrofiado: filtrar información, coordinar ministerios y preparar respuestas antes de que los acontecimientos se impongan. En la Moncloa podrán discutir durante días si hubo o no un informe del CNI. Lo que difícilmente podrán explicar es cómo un Ejecutivo con el mayor despliegue de asesores de nuestra democracia terminó sorprendido por una crisis que ya había sido anunciada desde la prensa. Porque, en ocasiones, la inteligencia más útil no llega en un sobre clasificado. Basta con abrir el periódico por la mañana.