Entroncar con la legalidad republicana

El escapismo de Puigdemont, que deja en mantillas al «gran Houdini», y la incompetencia de los Mossos, que deja en pañales a quienes nunca pudieron detener al Tempranillo, han sido la cortina de humo que oculta algo que dijo Salvador Illa en su discurso de investidura. En su deseo de adular a Esquerra, al referirse a la Transición, dijo que la Generalitat «es la única institución de la joven democracia española que entroncaba con la legalidad republicana».

Esta afirmación –incienso a los republicanos catalanes– es falsa y carece del menor rigor histórico. La Generalitat es una institución que la Corona de Aragón creó a finales del siglo XIII «cuyos cargos –escribió Joan Reglá– fueron perdiendo su carácter político para convertirse en organismos básicamente administrativos» y estuvo vigente con la Monarquía durante más de cuatro siglos, hasta los decretos de Nueva Planta de Felipe V. Cuando tras las elecciones de 1977, Adolfo Suárez restauró la institución de la Generalitat y trajo a Josep Tarradellas a España, recuperó una de las instituciones más antiguas de nuestro país, vigente siete años con la II República, frente a más de cuatrocientos con la Monarquía. Y no hay que olvidar que Tarradellas aceptó gustoso el título de marqués que le concedió el Rey.

Tampoco es cierto que la Generalitat fuera la única institución de la joven democracia que entroncara con la legalidad republicana, porque en la Constitución de 1931 se recogieron instituciones como el Congreso, los ayuntamientos, las diputaciones, el Tribunal Supremo o el Tribunal de Cuentas, que con otro nombre se creó en el siglo XV reinando Juan II de Castilla. Y así hasta contarlas por decenas, todas herederas de las constituciones liberales del siglo XIX: la de 1812, el Estatuto Real de 1834, y las de 1837, 1845, 1869 y 1876. Todas con la Monarquía.

Antes de caer en el adanismo político para adular a Esquerra, Illa debería haber repasado la historia de su país, España, en la que están presentes las deslealtades de sus socios de Esquerra a la II República. En agosto de 1930 los partidos republicanos, incluida ERC, firmaron el Pacto de San Sebastián en el que sentaron las bases de lo que habría de ser el nuevo régimen. En él se acordó que «se aceptaba la presentación a unas Cortes constituyentes de un estatuto redactado libremente por Cataluña para regular su vida regional». Pero el 14 de abril de 1931 el dirigente de Esquerra, Francesc Maciá, incumplió su compromiso y proclamó la ‘república catalana’ dentro de una supuesta ‘federación ibérica’, que sus socios de Madrid, sorprendidos por la traición, le obligaron a retirar. El 6 de octubre de 1934, su sucesor Lluis Companys volvió a declarar el ‘estat catalá’ no contra un pacto entre partidos como el de San Sebastián, sino contra la Constitución de la II República. Y el gobierno tuvo que enviar al Ejército al mando del general republicano Domenec Batet, que emplazó varios cañones frente al edificio de la Generalitat, y sus valientes dirigentes salieron huyendo por las alcantarillas. El balance de lo que hizo Esquerra lo escribió en sus diarios Manuel Azaña: «…las felonías de los separatistas vascos y catalanes que aprovecharon la guerra para ser ingratos con la República y desleales con España».

Se me dirá que eso ocurrió hace casi un siglo, pero hay ejemplos más cercanos –uno, sangrante– de lo que es Esquerra, el socio preferente de Illa. A comienzos de 2004 se supo que su máximo dirigente, José Luis Carod Rovira, había pactado en Perpiñán con la cúpula de ETA su apoyo político a la banda a cambio de que no cometiera atentados en Cataluña y siguiera asesinando en el resto de España.

Y el 26 de octubre de 2017, el dirigente de Esquerra Gabriel Rufián, ante las dudas de Puigdemont entre convocar elecciones o declarar la independencia, le envío este mensaje: «155 monedas de plata», con el que le recordaba la traición de Judas y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Temeroso de verse desbordado por ERC, Puigdemont dio un golpe al Estado y declaró la independencia. Esos son los socios de Illa.

Es históricamente falso que la Generalitat sea una institución que entronque con la legalidad republicana. Surge de la legalidad constitucional de 1978, como el resto de las instituciones; una legalidad que Esquerra no aceptó. El único diputado de ERC, Heribert Barrera, se negó a votar ‘sí’ a la Constitución en el pleno del Congreso que la aprobó el 31 de octubre de ese año.

Los socios de investidura de Illa son los que han intentado demoler una institución creada hace más de siete siglos y la han utilizado como lanzadera para conseguir la independencia, en la que la Generalitat desaparecería. Y ahora el Partido Socialista se asocia con quienes la han violentado siempre que han podido e insisten en que volverán a hacerlo.

La imagen, recogida por los medios, que refleja con más crudeza hasta qué punto el Partido Socialista está dispuesto a hacer lo que le exijan sus socios separatistas y a humillar los símbolos de su país con tal de alcanzar el poder, es la de la toma de posesión de Salvador Illa, en la que se prescindió de la bandera de España y sólo presidió el acto la de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y en primera fila, sentados y sonrientes, había cinco ministros del Gobierno de España.