EL MUNDO 03/10/13
VICTORIA PREGO
Nuevo conflicto lingüístico y nueva intervención del Tribunal Constitucional para poner un poco de orden en esta orgía de desmesuras en que se ha convertido el uso de la «lengua propia» en Cataluña y en Baleares, que es el caso que nos ocupa hoy.
José Ramon Bauzá se había atrevido a no otorgar al catalán el rango de lengua única, o casi, en la Administración, aunque, ojo, no en la enseñanza ni en los puestos que sean de atención al público. Así de discreta y moderada era la modificación de Bauzá, que el Constitucional acaba de avalar.
Esta medida del presidente balear había sido, como en estos días en el asunto de la enseñanza, objeto de un levantamiento por parte de la oposición, que llegó hasta el Constitucional a reclamar lo que ellos consideraban un abuso porque rompía la «normal convivencia» de ambas lenguas en las islas. Una convivencia muy desigual, como se ha demostrado. Pero es que ellos entienden que se ataca al catalán cuando no se ordena que se imponga sobre el castellano.
Los argumentos del Tribunal Constitucional en su sentencia evidencian hasta qué punto la situación se ha desbordado en España. Dicen los jueces que el castellano debe tener un tratamiento «equilibrado» respecto del catalán, al menos en la Administración. No dice que el castellano deba ser la lengua prevalente porque no es eso lo que establecen las leyes. Simplemente que las dos lenguas han de existir en situación de igualdad. Lo cual quiere decir que, como en Cataluña, en Baleares el castellano también ha estado absolutamente expulsado de la esfera de lo público.
Y la novedad es que ahora los funcionarios podrán atender a los ciudadanos en catalán o en castellano. Así de simple. Y eso, que es lo que ha pretendido Bauzá al hacer del conocimiento del catalán un mérito, pero no un requisito, ha sido intensamente protestado por quienes han pretendido durante años la insigne burrada de apartar del ámbito que podían controlar una de las lenguas más habladas del mundo y con mayor pujanza actualmente.
A estas alturas resulta evidente que en este campo del uso catalán se ha llegado más allá de donde llegó el franquismo, pero en sentido contrario. La lengua propia ha llegado ser preferente y dominante por decisión de la clase política de Baleares y Cataluña. Y la lengua común, la de todos los españoles, sólo ha sobrevivido en la calle, porque de ahí es prácticamente imposible erradicarla, por mucho que se desee.
Esta sentencia del Constitucional abre la puerta a quienes, en cualquiera de las dos comunidades, hayan sentido vulnerados sus derechos. También en Cataluña. Pero sobre todo, impone en Baleares la normalidad y la cordura que los dirigentes políticos han demostrado no tener.